El caso de las menores violadas el pasado fin de semana en Amate no es aislado. Las estadísticas reflejan una media de una denuncia por agresión sexual al día. De hecho, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) atendió durante el primer semestre del año a 185 víctimas de agresiones o abusos sexuales en Sevilla, y en 2012 fueron 263. A esta cifra hay que añadir "un destacable número de mujeres que no llegan a denunciar estos hechos y que tratan de mantener el episodio violento en silencio, por vergüenza o por miedo", explica Soledad Ruiz, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, quien recuerda que para recibir la mejor asistencia, tanto jurídica como psicológica, la víctima debe denunciar cuanto antes la agresión. Son dos los caminos: en un centro hospitalario o ante las fuerzas de seguridad. Un protocolo específico se activa en ambos ámbitos, lo que favorece la detención y condena del agresor, así como el tratamiento precoz a la víctima.

La mayoría de las violaciones tienen lugar en el círculo de la víctima. Según el último balance anual del IAM, el 51% de estas agresiones ocurren en el ámbito familiar. En el 53% de los casos las víctimas sufren la violencia sexual de manera reiterada y sólo en un 13% el agresor es un desconocido para la víctima. El IAM atendió a 683 mujeres que sufrieron violencia o abusos durante 2012 en Andalucía, un 13,4% más que en 2011. En el primer semestre de este año son 457 los casos registrados en la comunidad autónoma.

Desde que en 1994 comenzó a funcionar el servicio de asistencia a estas víctimas en el Instituto Andaluz de la Mujer, "el número de casos no ha descendido", explica la responsable, quien advierte además que se ha registrado la existencia de "una banda importante de agresores jóvenes e incluso menores". Cuando las víctimas tienen entre 13 y 22 años el impacto de la violencia sexual es muy severo. Las adolescentes y jóvenes que sufren una violación requieren de una asistencia psicológica o psiquiátrica continuada para afrontar un profundo trauma que puede desencadenar psicopatologías y/o dificultades para rehacer sus vidas. Aunque el servicio del IAM está dirigido a mayores de 18 años, hay mujeres que demandan asistencia como representantes legales de sus hijas menores que han sido víctimas de violencia sexual, en un porcentaje que alcanza al 14% del total de las víctimas atendidas en Andalucía. En estos casos es clave el apoyo de la familia y el papel de los educadores. Cuando hay menores implicados en el delito actúa el Grupo de Menores de la Policía Nacional, cuyos agentes también están entrenados para atender a las víctimas. "Ante estos casos lo primero es verificar los hechos denunciados para activar la búsqueda y detención de los agresores", explica Joaquín Pérez, jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) en la Policía Nacional. Este equipo de agentes que eligen específicamente trabajar en el Grupo de Menores se caracteriza por su empatía, clave en los interrogatorios a menores. En estos casos es una gran ventaja que la Policía Nacional cuente con presencia femenina entre sus agentes.

Las mujeres y niñas que sufren una agresión sexual suelen sentirse más cómodas cuando tienen que explicar lo que les ha sucedido a una fémina. "En muchos casos los menores prefieren describir la agresión a la agente sin los padres presentes", añade el responsable policial del Servicio de Atención a la Familia. Durante la investigación la Policía Nacional cuenta con la estrecha colaboración de personal especializado -psicólogos y trabajadores sociales- de la Junta de Andalucía y ayuntamientos.

El servicio de atención a las víctimas, que el Instituto Andaluz de la Mujer desarrolla a través de la asociación Amuvi, también ofrece asistencia jurídica gratuita. Durante 2012 este servicio logró, en el ámbito andaluz, 30 sentencias, el 77% de ellas condenatorias.

La gravedad de este tipo de delitos y el elevado riesgo de reincidencia de los agresores han motivado programas de tratamientos en las cárceles y centros de menores. "El primer paso para impedir la reincidencia es que el agresor reconozca el daño que ha provocado", incide Soledad Ruiz. El manual editado por el Ministerio del Interior, El control de la agresión sexual: Programa de intervención en el medio penitenciario, reconoce que "sin un tratamiento psicológico especialmente eficaz y adecuado, las agresiones sexuales se repetirán y se convertirán en una constante que supone un elevado riesgo para la sociedad".