Los socialistas del Ayuntamiento de Sevilla acudieron ayer a consultar el expediente completo de la zona franca y se encontraron, tras más de siete meses de espera, con la negativa del gobierno local de Juan Ignacio Zoido (PP) a facilitar información sobre las empresas que finalmente estarán en este futuro recinto de 72 hectáreas con ventajas fiscales y aduaneras en la zona de Torrecuéllar del Puerto de Sevilla. Estos datos forman parte de la memoria económica de actividades, tráficos y operaciones previstos en la zona franca que también se denegó al PSOE.

Más de 30 páginas del expediente con estos datos citados no figuraban en el documento ofrecido a consulta, denunciaron a la prensa el portavoz socialista, Juan Espadas, y su portavoz adjunto, Antonio Muñoz, quienes sostienen que faltaban las páginas 2 a 34. Los estatutos de la zona franca tampoco estaban disponibles, se dijo, hasta que los apruebe el Ministerio de Hacienda.

Horas después de la denuncia socialista, el gobierno admitió que había denegado la información de las empresas. "Lo único que no se le ofrecido son los datos sensibles de las empresas que han apoyado este proyecto, porque entendemos que no estamos autorizados a ello", dijo el concejal de Relaciones Institucionales Javier Landa, en cuyo despacho fue la consulta. Landa recalcó "la transparencia absoluta" del gobierno en este asunto.

Esta respuesta oficial no se ajusta a la actuación del gobierno local mientras la zona franca aún era una incógnita. El equipo de Zoido informó en los meses previos a la autorización de finales de agosto sobre la existencia de 20 empresas interesadas en este proyecto y no tuvo reparos en dar sus nombres: Transformados Huévar, Grupo Lamaignere, Agencia Marítima Echevarría, Bergé Marítima, Grupo Jannone, Asociación de Exportadores Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Muñoz Chápuli, EADS Construcciones Aeronáuticas (Airbus Military), GP Manufacturas del Acero, Sevitrade, Siderúrgica Sevillana, Unión Logística Integral, Carbones Comercio y Consignaciones, Renault España,Instalaciones Inabensa, Hispalense de Líquidos, Pérez y Cía., Entabán Biocombustibles del Guadalquivir, Carbón Puerto,Operaciones Portuarias, y Grupo Migasa. Entonces se estimaba que las empresas instaladas en este recinto moverían un volumen de mercancías de 1,73 millones de toneladas, lo que en euros supondría más de 1.000 millones de euros anuales. Sorprende que se dieran entonces nombres y detalles del negocio generado y no ahora, cuando la zona franca es oficial tras su publicación en el BOE el 31 de agosto. ¿Supone esto que las cifras habrán variado?.

Espadas calificó de "decepcionante" la documentación existente y criticó "el oscurantismo y la falta de transparencia del gobierno de Zoido". Querían comprobar las ventajas reales del proyecto para Sevilla, pero "parece que lo único que se pretende es vender humo, sin tener datos reales y con opacidad y oscurantismo", dijo.

Para Espadas, esta actitud de Zoido puede revelar el "engaño" de anuncios realizados sobre el proyecto. "Puede ser, como hemos escuchado de otras fuentes, que la mayor parte de las empresas que están interesadas en el proyecto ya están instaladas en esa zona y simplemente van a tener más beneficios fiscales sin que esté acreditado que esto vaya a conllevar una ampliación de sus instalaciones o un incremento de sus puestos de trabajo".

Una conclusión clara del expediente consultado por el PSOE es que el Ayuntamiento pagará el coste del vallado perimetral exigido y adecentará los accesos, sin datos del proyecto, plazo ni presupuesto. Nada dice el expediente de urbanizar los suelos rústicos de Torrecuéllar que ocupan la mitad de la zona franca prevista. Así pues, lo más probable es que la zona franca empiece a funcionar con las naves y empresas que ya existen, y sólo si hay más demanda las empresas tendrían que urbanizar.