No todas las personas que han sido víctimas de un suceso luctuoso del que pudiera derivarse una posible responsabilidad municipal han logrado recibir la ayuda que, en algunos casos, se comprometió a entregar el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

El anuncio del regidor hispalense de conceder una indemnización a la familia de Consuelo González Gutiérrez, la funcionaria que fue atropellada el 28 de mayo pasado en un paso de cebra de la avenida de Hytasa que llevaba seis meses con los semáforos apagados, contrasta con otros casos en que la generosidad del alcalde se malogró.

El caso más reciente fue el de la niña de 13 años que fue apedreada en El Vacie el 2 de octubre de 2005 cuando viajaba con su madre en un coche. En aquella ocasión, al igual que ocurrió con el atropello de Hytasa, el alcalde se ofreció tan sólo tres días después del suceso a pagar una indemnización a la menor. "No ve voy a resistir a indemnizar a esas personas" si finalmente plantean una reclamación contra el Consistorio, llegó a manifestar el alcalde, que basó este ofrecimiento en que "más allá de la responsabilidad administrativa está la responsabilidad institucional solidaria".

Esa reclamación en vía administrativa fue planteada por la familia de la niña a mediados del año pasado, cuando reclamó al Consistorio una indemnización de 35.405 euros por las lesiones y secuelas que sufrió la menor. A pesar del anuncio del alcalde, el Ayuntamiento no contestó a esta reclamación y, al transcurrir el plazo de seis meses que marca la ley sin obtener respuesta alguna, la familia se ha visto obligada a plantear la reclamación en los tribunales de Justicia.

La abogada Carmen Domínguez, que representa a los padres de la niña apedreada, confirmó a este periódico que, ante el silencio administrativo del Ayuntamiento, ha tenido que presentar un recurso en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. La letrada no quiso realizar ningún comentario sobre el impago de cualquier indemnización a la familia porque, según dijo, "el asunto está sub iudice" y espera al pronunciamiento del juez. La petición de indemnización al Ayuntamiento se produjo después de que un juzgado de Instrucción y la Audiencia Provincial archivara la querella que la familia presentó contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, el entonces concejal de Gobernación, Francisco Fernández, y el subdelegado del Gobierno en la provincia, Faustino Valdés, por una presunta actuación negligente en el caso de la agresión a la niña.

La familia consideraba que estas autoridades podían haber incurrido en una supuesta omisión en la persecución de los delitos, el abandono de un servicio público -vigilancia y seguridad- y la denegación del auxilio debido, argumentos que fueron rechazados tanto por el juez como por la Audiencia Provincial de Sevilla.

El caso de la niña del Vacie no es el único en el que el Ayuntamiento no ha abonado ninguna indemnización. Lo mismo sucedió con los padres de un niño que se ahogó en agosto de 2000 en el río Guadalquivir, al caer por el hueco existente entre dos plataformas de hidropedales que fueron unidas de forma ilegal por el dueño de la empresa Pedalquivir.

El Ayuntamiento, siguiendo un informe de los servicios municipales, rechazó el pago de una indemnización que los padres plantearon en concepto de responsabilidad patrimonial. El informe que elaboró para este caso el servicio de Documentación y Administración del Ayuntamiento sobre la muerte del niño en el río consideró que no existía ninguna relación causal entre la actuación de la Administración pública y el daño producido. El Consistorio señalaba que la Justicia había fijado una indemnización de 115.855 euros para los padres del menor fallecido en concepto de responsabilidad civil, por lo que de estimar la reclamación podría producirse un "enriquecimiento injusto" del matrimonio "al verse doblemente indemnizado por unos mismos hechos", concluía el informe municipal