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El sindicato considera "una barbaridad" la petición de cárcel a cuatro policías locales

  • El SPPME denuncia la indefensión por la falta de regulación de la asistencia de los agentes a los juicios

El presidente de la sección sindical del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-A) en Sevilla, Manuel Bustelo, tildó de "barbaridad" la petición de cinco años de cárcel que ha realizado la Fiscalía de Sevilla a cuatro agentes del Grupo Giralda por cobrar dietas falsas por asistencia a los juicios y denunció la indefensión que sufren los agentes por la falta de regulación de esta actuación de los policías ante los tribunales. De los cuatro agentes, todos afiliados al Sppme y dos de ellos han recibido asesoramiento de los servicios jurídicos como cualquier afiliado.

Manuel Bustelo explicó que el sindicato lleva mucho tiempo reclamando a las autoridades una "regularización" del control de los agentes que acuden a las citaciones judiciales pero finalmente no testifican al no considerarlo necesario el juez o bien porque se ha llegado a una conformidad que evita que tengan que declarar. "Esto debe estar regularizado para que quede siempre constancia de que los agentes han acudido pese a que al final no hayan comparecido ante el juez", dijo Bustelo, quien insistió en que la ausencia de controles claros puede generar "miles de controversias" como la que ha provocado esta instrucción judicial.

En la misma línea se pronunció el secretario de organización del SPPME-A, Santiago Raposo, quien aseguró que el problema de la verificación de las asistencias a los juicios ya fue planteado en marzo de 2012 en una mesa general de empleados públicos a la que asistieron los responsables de la delegación municipal de Seguridad. El responsable sindical insistió en la "indefensión" que, con independencia de los cuatro agentes que han sido acusados por la Policía Local, se puede generar a otros funcionarios que han asistido al juicio pero de los que al final no se ha requerido su presencia y, por tanto, no figura en el acta de la vista oral.

Raposo apostó por implantar un modelo como el que se desarrolla en la Policía Local de Madrid, donde por cada asistencia a juicio se levanta un acta en la que el propio agente introduce indicaciones sobre si se ha celebrado el juicio y es sellada por el juzgado en cuestión. Ese acta se adjunta a la citación y a continuación se archiva digitalmente, lo que impide que se produzcan casos de fraude como el que ha investigado el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla.

El representante sindical criticó que el Ayuntamiento no ha puesto aún una solución a un problema que afecta a más de un millar de agentes que hay en la plantilla de la Policía Local de Sevilla. En septiembre pasado, los representantes del Sppme-A se reunieron con el decano de los jueces, Francisco Guerrero, quien coincidió en que estampar un sello resulta insuficiente para acreditar la presencia del agente al juicio. También plantearon al decano el problema que sucede cuando un agente es citado estando de vacaciones o de baja y desde la Jefatura le indican que es el propio funcionario el que debe ponerse en contacto con el juzgado.

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