El gobierno del PP ha tenido que usar al límite el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir un mercado gourmet de iniciativa privada en las Naves del Barranco, un proyecto cuyos principales referentes son el matador de toros Francisco Rivera Ordóñez y el periodista radiofónico Carlos Herrera. El Plan califica la parcela como Servicio de Interés Público y Social (SIPS) con usos socio-culturales. Y así consta también de forma expresa y clara en la certificación emitida por la Gerencia de Urbanismo este mismo año a petición de la UTE privada a la que se ha adjudicado el proyecto. Cuando esta unión de empresas ha consultado formalmente a Urbanismo qué tipo de obras puede hacer en el edificio, la Gerencia se limita a reproducir el contenido del Plan General. Los usos de un SIPS de esas características están perfectamente tasados y ninguno guarda relación ni directa ni aparente con los de un mercado de productos delicatessen. Los epígrafes de los usos contemplados son los siguientes: centros cívicos asociativos, centros culturales, centros cívicos municipales, centros de culto, bibliotecas, museos, archivos y culturales recreativos.

¿Cuál ha sido la maniobra del gobierno de Juan Ignacio Zoido para permitir un negocio privado de productos delicatessen en un edifico púbico, altamente catalogado y al que se asignan usos culturales? El recurso a una excepción. El artículo 6.6.6. de la normativa urbanística del Plan General establece que los usos socioculturales sólo podrán ser sustituidos por cuatro: educativos, equipamientos administrativos, de economía social o de servicio público. A la última posibilidad de esta excepción se ha agarrado la Gerencia de Urbanismo para alterar el uso asignado por el Plan General a la parcela de la Nave del Barranco. Para lo cual, claro está, el gobierno local presenta el mercado gourmet de explotación privada como un servicio público para la ciudad de Sevilla.

Los informes sobre esta maniobra -que en ningún caso había trascendido hasta ahora- revelan la rapidez con la que se tramitó. El gerente de Urbanismo, Alberto de Leopoldo, pidió el 25 de octubre de 2011 la conformidad para el cambio de uso a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, a la que estaba asignado el edificio. El visto bueno fue concedido en nueve días, toda una respuesta exprés.

El edificio, propiedad municipal, pasó de estar asignado a Cultura (que en tiempos de Monteseirín quiso instalar allí la sede de la hoy disuelta televisión local) a estarlo a la Gerencia de Urbanismo, que una vez recibida la encomienda de gestión de la junta de gobierno del Ayuntamiento tenía ya vía libre para promover el proyecto. El Ayuntamiento no ha necesitado el aval de la Junta para este cambio de uso al detentar la titularidad del bien y mostrar su conformidad la entonces delegación que tenía asignado el inmueble. Con esta maniobra, el gobierno ha renunciado a que la parcela tenga el uso asignado en el PGOU: para equipamientos públicos socio-culturales en la zona.

El proyecto, que aún no dispone de la aprobación de la Comisión Provincial de Patrimonio, ha salvado tres impugnaciones formuladas por sociedades que perdieron el concurso y que consideraron que alguna de las sociedades de la UTE adjudicataria no cumplía con los requisitos de solvencia exigidos por la ley. La UTE en la que se integran Rivera Ordóñez y Herrera fue considerada la más potente. El proyecto de ambos se denomina Lonja del Barranco, participado por las sociedades Lonja del Barranco SL (97%), Probigasa (1%), Juliá Catering SL (1%) y La Alacena de Carlos Herrera SL (1%). La otra aspirante fue la UTE abanderada por el futbolista Sergio Ramos y el torero José María Manzanares, que podría hacerse con el gourmet que se pretende instalar en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne.

Urbanismo no se ha querido pronunciar sobre esta maniobra a requerimiento de este periódico.