El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 7 de Sevilla ha condenado a la Gerencia de Urbanismo a abonar otro millón de euros más a la constructora Sando por la obra de reurbanización de la Alameda de Hércules, que peatonalizó el paseo, lo dotó con fuentes, espacios para quioscos y su característico color albero. 

La sentencia fija el pago de 677.486 euros a Sando (Construcciones Sánchez Domínguez) en concepto de certificación de liquidación y revisión de precios del contrato de ejecución de obras del proyecto de reforma de la Alameda de Hércules, una obra del gobierno municipal anterior. 

La sentencia condena, además, a la Gerencia a abonar los intereses moratorios, más los intereses de los intereses moratorios desde la interposición del recurso contencioso-administrativo, cantidad que sitúa en torno a los 300.000 euros. Así pues la suma de ambas cantidades eleva la cifra global al millón de euros. 

La revisión de precios, derivada a partir del primer año de duración del contrato y hasta la finalización de éste, no se hizo en las certificaciones contractuales ordinarias, sino que se incorporó a la liquidación del contrato, según la explicación de la sentencia que ofreció este lunes el Ayuntamiento en una nota. 

Las obras de la Alameda se contrataron en septiembre de 2005 y, una vez acabadas, fueron recepcionadas por el Ayuntamiento el 10 de octubre de 2009. Por aquel entonces gobernaba la coalición PSOE -IU con Monteseirín a la cabeza. La empresa Sando, sin embargo, esperó casi dos años para presentar la reclamación judicial, ya que la denuncia se puso en septiembre de 2011, cuando ya ocupaba la Alcaldía el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP). 

El contrato de la Alameda se adjudicó por algo más de 8 millones de euros pero luego se encareció por los modificados hasta rozar los 10 millones de euros. El último modificado prolongó la fecha de finalización de los trabajos, prevista inicialmente para febrero de 2008. 

La Sentencia dictada considera que la Administración debió incluir la revisión de precios en cada una de las certificaciones mensuales ordinarias y no esperar a la liquidación final, por lo que, al no hacerse así, se devenga el derecho al abono de los correspondientes intereses de demora. 

En consecuencia, la Gerencia de Urbanismo debe hacer frente ahora al abono de la cantidad reconocida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 por este desfase en los pagos producido durante la ejecución de la obra, finalizada hace más de cuatro años. 

Según explicó este lunes el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, "de nuevo tenemos que hacer frente a otro imago de deudas del anterior gobierno, y es que sólo en el año 2012 la Gerencia de Urbanismo ejecutó completamente la partida presupuestaria de 1.200.000 euros prevista para el pago de intereses de demora en acatamiento de sentencias judiciales firmes". Aun así, el débito de intereses aún por afrontar, al que habrá que hacer frente en el próximo ejercicio presupuestario, ronda 1.400.000 euros. 

Los pagos que se están afrontando corresponden a obras contratadas entre los años 2002 y 2010, principalmente relativas a los proyectos de renovación o ampliación de las instalaciones de Alumbrado público en la ciudad, de ejecución de itinerarios de carriles bici, de rehabilitación de zonas degradadas -Plan de Barrios- y, de reurbanización de las Plazas de la Alfalfa, San Isidoro y la Pescadería, explicó el concejal. Todas estas obras se ejecutaron en el mandato municipal anterior en buena parte con el dinero de los convenios urbanísticos del PGOU.