Una cuestión de derechos fundamentales. Casi trece años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenara al Ayuntamiento a proteger a los vecinos contra la movida, la asociación Torre del Oro del barrio del Arenal, cuyo presidente, Antonio Fernández, fue el impulsor de aquel histórico fallo, ha acudido de nuevo a los tribunales para que requiera al Ayuntamiento a adoptar las medidas oportunas para que se cumpla dicha sentencia. Aunque los responsables de los bares se han comprometido a garantizar el derecho al descanso, como publicó este periódico el pasado día 12, los dirigentes vecinales han optado también por esta vía para que el Consistorio, que hasta la fecha se ha desentendido, como también han denunciado, vele por sus derechos.

El escrito, dirigido a la sección primera del TSJA, la misma que actuó en 2001, fue presentado el pasado 15 de enero y pide la "ejecución forzosa" de la sentencia que condenaba al Ayuntamiento a "adoptar medidas que impidan el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos, la utilización de aparatos musicales que sobrepasen los límites de emisión permitidos y facilitar la libre circulación de los vecinos". Entre los hechos expuestos, se considera evidente "que ha transcurrido con exceso el plazo de dos meses fijado por el artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa sin que se haya adoptado ninguna acción o resolución y a pesar de haber declarado el mismo Ayuntamiento demandado la zona como acústicamente saturada".

Los vecinos piden al tribunal que se determine un plazo máximo de tres meses, desde la notificación de la resolución, para que el Ayuntamiento tome las medidas necesarias. Así, le requiere "para que proceda a adoptar todos los medios necesarios al objeto de proteger el derecho de los vecinos al descanso, a la libre circulación, y en concreto, a todas las medidas necesarias para impedir el consumo de bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos, así como la regulación y el control del ruido que sobrepasen los límites establecidos legalmente". En la súplica que la asociación realiza a la Sala, se advierte también de que si el Ayuntamiento no ejecuta sus obligaciones en el plazo previsto, "se requerirá la colaboración de la Junta de Andalucía, o en su defecto de otras administraciones públicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto". En este sentido, y como ya habían anunciado, están dispuestos a llegar hasta el mismo Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para que garantice el derecho al descanso.