La protección del personal sanitario para combatir las agresiones sigue siendo una asignatura pendiente. El primer foro organizado ayer por la Fundación del Colegio de Médicos de Sevilla permitió arrancar el compromiso de distintas administraciones y entidades para continuar trabajando con protocolos y actuaciones conjuntas que permitan combatir este problema, un fenómeno que algunos de los participantes en el citado encuentro denominaron como "violencia social" y que no siempre se denuncia porque sólo dos de cada diez profesionales se sienten apoyados por la Administración a la hora de dar este paso.

El encuentro, organizado en colaboración con el grupo empresarial Morera & Vallejo, reunió a profesionales médicos y sanitarios y representantes de la Administración de Justicia y las Fuerzas de Seguridad. En él se puso de manifiesto la necesidad de continuar con la línea de colaboración con los sindicatos para abordar con más rigor actuaciones ante estas agresiones, pues suponen un grave problema según demuestran las estadísticas existentes.

En este sentido, el coordinador del Observatorio contra agresiones de al OMC, el doctor José Alberto Becerra, recordó que sólo entre 2010 y 2012 se han registrado 1.363 agresiones en el único registro nacional que existe en España. Y propuso mejorar esta guía, así como llevar a cabo un análisis exhaustivo de las sentencias ya dictadas. Actualmente hay 24 sentencias que consideran agresiones como atentado.

En este sentido, el fiscal de la Audiencia de Sevilla, José María Cañal, planteó incluso cambios en el Código Penal para que la legislación se haga más sensible y realista ante este problema. Una labor que se apoya desde el propio Colegio de Médicos, que desarrolla un programa pionero para denunciar públicamente las agresiones a los facultativos, según explicó Santiago Campo, jefe de la asesoría jurídica. Esta entidad, que ha puesto en marcha un plan de atención al colegiado, sugiere la necesidad de adaptar los centros de trabajo con la instalación de alarmas y videocámaras, así como con más vigilancia privada y que el médico siempre esté acompañado en la consulta por un enfermero.

Esta lacra se ha acentuado en los últimos años. El capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Sevilla, Ernesto Segura, explicó que en 2010 nació un plan de seguridad dado el repunte de infracciones penales, tanto a personal sanitario como médico, especialmente, amenazas e injurias, además de lesiones. Antonio López, en representación de la Policía Nacional, demandó actuaciones para prevenir estas actitudes.

Desde el punto de vista de los médicos, el doctor José Manuel García Lezcano, director general de Defensa Jurídica del Colegio de Médicos, insistió en el miedo como principal miedo para atajar este problema y exigió para los centros de salud y hospitalarios las mismas medidas de seguridad existentes en otros centros administrativos, como Hacienda, Justicia o los propios ayuntamientos. Así, recordó la importancia de hacer ver a los usuarios no sólo sus derechos, sino también sus deberes, y demandó sanciones administrativas, como podían ser la suspensión del servicio de asistencia gratuita o hacer públicos el nombre y apellidos de los agresores, para que el castigo logre un efecto disuasorio.

Este foro nació ayer con vocación de continuidad. Los participantes apoyaron la creación de una mesa de seguimiento con los afectados, a la que invitarán a pacientes y asociaciones.