El juzgado número 19 de Sevilla, competente en la instrucción de las diligencias abiertas de oficio a raíz de la muerte por atropello de una mujer discapacitada -Consuelo González- en el cruce de la avenida de Hytasa, sucedido el pasado día 28 de mayo, ha recibido hace unos días un informe técnico, elaborado por la empresa responsable de las obras municipales que se realizaron en dicha zona hasta unas semanas antes de dicho accidente, en el que se responsabiliza directamente al área de Movilidad y Tráfico del Consistorio, dirigida por el concejal Francisco Fernández (PSOE), de que el día de los hechos no estuviera en funcionamiento el semáforo existente en la zona.

El informe, elaborado de forma conjunta por el responsable de la gestión del Plan Municipal de Barrios, la dirección facultativa de la citada obra y la sociedad mercantil que la ejecutó -Aguilera Nogales y Cía- resulta contradictorio con el enviado, apenas unos días después del suceso, a la misma juez por la delegación municipal de Movilidad. En este escrito, rubricado personalmente por Francisco Fernández, se sostiene que la razón por la que el día de autos no funcionaba en el cruce de la calle Galicia y la avenida Hytasa el semáforo previsto para regular el tráfico se debe a que las obras de reurbanización que se desarrollaron en la zona lo impidieron, lo que viene indirectamente a responsabilizar de la situación creada en primer lugar a la empresa Aguilera Nogales y, en segundo término, a la Gerencia Municipal de Urbanismo, responsable última de la gestión del Plan de Barrios.

El nuevo informe, que incluye hasta 50 documentos distintos obtenidos del expediente municipal sobre el caso, sostiene justamente la tesis contraria a la que, en principio, el Ayuntamiento había comunicado formalmente a la juez, cuya función es averiguar si en la muerte de la funcionaria de la Junta que fue atropellada pudiera haberse producido algún tipo de responsabilidad penal o, en su caso, de otra naturaleza. De esta manera, el juzgado en cuestión dispone de dos versiones municipales -radicalmente opuestas- del mismo suceso. Una, la que envió el concejal de Movilidad a la titular del juzgado el día 2 de junio -sólo unas jornadas después del accidente; contestada además sobre la marcha, insólitamente horas desde el primer requerimiento-, en la que se infiere una responsabilidad de Urbanismo; y otra, glosada justamente en este nuevo documento técnico, en el que viene a demostrarse de forma profusa, con comunicaciones, fotos y varios escritos oficiales, que en realidad la responsabilidad última de conectar a la red el semaforo en Hytasa era de Tráfico.

La narración de los hechos de los técnicos que han intervenido en la obra, por delegación de la Gerencia de Urbanismo, no deja lugar a dudas: el semáforo funcionó con normalidad en el cruce donde se produjo el atropello mortal hasta el día 12 de febrero. A partir de esa fecha es la empresa municipal SICE -dependiente de Movilidad para estas cuestiones- la que decide dejar dicho dispositivo sin servicio debido a los frecuentes robos que se producían de los cables de conexión, dejados a la vista conscientemente por sus operarios. A juicio de la empresa de mantenimiento, la continua desaparición de cables no aconsejaba proceder a la puesta en servicio de dicho semáforo hasta que el estado de ejecución de las obras de reurbanización -dependiente del Plan de Barrios- permitiera su funcionamiento definitivo.

La empresa encargada de estos trabajos sostiene, en el informe enviado al juzgado, que estas obras de reurbanización fueron terminados a principios del mes de mayo -el accidente mortal se produjo el día 28 de ese mes-, circunstancia que fue oficialmente comunicada al área Movilidad para que procediera a dar corriente al semáforo el día 16 de mayo -doce días antes de los sucesos-. Tráfico, siempre según esta versión, colocó los semáforos a partir de ese momento pero los dejó sin encender hasta el día después de la trágica muerte de la funcionaria de la Junta.

Incluso tras este hecho, que ha levantado una agria polémica política en el Ayuntamiento y es la causa de la investigación judicial, SICE -la empresa de Movilidad-, según el informe que ahora ha recibido la juez, tuvo problemas para conectar los semáforos debido a la obstrucción de una canalización que afectaba a dicha conexión. Tráfico comunicó este hecho a Aguilera Nogales y Cía un día después del accidente en la primera y única comunicación escrita entre la empresa de semáforos y la constructora desde que los trabajos de reurbanización se terminaron a principios de mes. La empresa alegó que la canalización que impedía la conexión del semáforo se encontraba fuera de la zona de obras y, por tanto, no era achacable a su trabajo, aunque asumió en apenas unas horas la subsanación de dicho problema.

Otro de los aspectos que deja claro el informe de los técnicos, suscrito por Juan Ramón Álvarez, subjefe del Plan de Barrios; Pedro Luis Asuar, director de las obras, y José Aguilera Nogales, por la compañía constructora, es que Tráfico, contra lo que se sostenía por parte el edil de Movilidad y Tráfico, fue informado en todo momento de las obras y de la situación creada ante el apagón del semáforo, que dependió de decisiones del área municipal gobernada por Fernández, al limitarse la empresa constructora a la realización de la obra civil. Tráfico, según esta versión, fue en todo momento quien colocó directamente los semáforos provisionales y los hizo activar, aunque no prestó demasiada ayuda técnica a la contrata privada para las labores previas de semaforización.

Incluso el robo de los cables se produce porque, contra lo que es habitual, se deja el cableado al aire -decisión de SICE- y los dispositivos de control quedan "en estado no centralizado" por al rotura de un cable de fibra óptica mal colocado, ajeno a la obra que adjudicó Urbanismo. Los técnicos que firman este informe suscriben sus afirmaciones con fotografías donde dichos semáforos aparecen instalados el 16 de mayo. Puestos pero apagados por decisión de Movilidad y Tráfico.