Sólo dos de las familias que fueron desalojadas de la Corrala Utopía cumplen los requisitos para optar a una vivienda. Así se lo ha comunicado el Ayuntamiento de Sevilla a la Junta de Andalucía en una carta firmada por la delegada de Familia y Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco. La carta, que tiene fecha del 16 de abril, se acompaña de un informe técnico de los servicios sociales municipales sobre las familias desalojadas de la Corrala. De dos de ellas -una de las cuales ha sido realojada ya por la Junta-, dice el Ayuntamiento que no tiene ninguna información porque nunca acudieron a los servicios sociales.

La carta es una respuesta del Consistorio a la delegada territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos (IU), en la que ésta le pedía que actualizara la información sobre la situación social de 17 personas. De ellas, según el Ayuntamiento, 14 fueron desalojadas de la Corrala el 6 de abril, según el informe elaborado después por la Policía. Es decir, tres de las 17 personas planteadas por la Junta no estaban en la Corrala el día del desalojo. De las 14 restantes, ocho han sido realojadas ya por la Junta y seis están "sin proceso de realojo culminado". De dos de estas 14 no hay informes de los servicios sociales municipales porque nunca acudieron a ellos.

El Ayuntamiento explica que, de todas estas personas, sólo hay dos que cumplen los requisitos que marca el baremo para la adjudicación de vivienda a familias en proceso de intervención social. Una de ellas está en el puesto número 100 de la lista de reserva para viviendas de tres dormitorios, en las que figuran 134 familias baremadas. La otra se encuentra en el puesto número 122 de la lista de reserva para viviendas de dos dormitorios, en la que hay 163 familias inscritas. El resto de desalojados de la Corrala no cumplirían con los requisitos para poder optar a una vivienda social y por tanto habrían sido realojados por la Junta saltándose la lista de espera de aspirantes a pisos.

El Ayuntamiento añade en su carta que la delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, y los centros de servicios sociales que tiene adscritos, se encuentran a disposición de todas las personas de cuya información solicitó la Junta un informe técnico. El gobierno local se muestra dispuesto a aplicarles el baremo para la adjudicación de viviendas, "siempre que acrediten documentalmente las circunstancias personales, sociales, laborales, etcétera que se requieran", y asegura que informará del resultado a la Consejería de Fomento y Vivienda.

"Si estas familias así lo desean, se iniciará o, en su caso, continuará, el proceso de intervención social en el marco del cual se les aplicarán los recursos que en cada caso procedan", apunta la delegada de Asuntos Sociales en su misiva.

El baremo al que hace referencia en esta carta entró en vigor en abril de 2013 y está conformado por una batería de 74 requisitos, que se agrupan en los siguientes cinco apartados: composición de la unidad familiar; situación actual de alojamiento familiar; circunstancias familiares, personales o sociales; intervención técnica desarrollada; y circunstancias laborales y económicas. Todos ellos evalúan en términos cuantitativos la situación de vulnerabilidad de las familias destinatarias. La puntuación obtenida tras la aplicación del baremo determinará el orden de preferencia en la adjudicación de viviendas sociales disponibles.

Ayer también se refirió al asunto de la Corrala el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien, en una entrevista con Efe, señaló que los realojos han acabado con "la explosión del susanismo y la buena prensa" de la presidenta de la Junta.