La Junta de Andalucía, personada como acusación particular, ha pedido seis años de cárcel para el arquitecto y el promotor de unas obras en la Casa de la Moneda de Sevilla, donde presuntamente "alteraron gravemente" el edificio histórico y levantaron un ático inexistente. 

Fuentes del caso han informado de que la Junta de Andalucía ha imputado al arquitecto F.C.F. y al promotor M.M.A. un presunto delito contra el patrimonio histórico, por el que pide tres años de cárcel, y otro de falsedad en documento público, con otros tres años de prisión. 

Por el primer delito incluye cinco años de inhabilitación profesional y una multa de 24 meses, mientras que por el segundo reclama además una multa de 12 meses. 

Para un tercer imputado, el aparejador I.D.R., la Junta solicita tres años de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico, cinco años de inhabilitación para su profesión y 24 meses de multa. 

Todos los imputados deberán abonar los gastos necesarios para la restitución del inmueble a su estado original, según la petición. 

Este escrito de acusación se une al presentado por la Fiscalía de Sevilla, quien ha pedido dos años de cárcel para cada uno de los imputados, a los que acusa de haber redactado un proyecto de reforma en el que "se dibujó un remonte que nunca existió" y "se superaron significativamente los volúmenes de los castilletes de acceso a la azotea" para hacer creer a la Consejería de Cultura, que debía autorizar los trabajos, que "la superficie total preexistente era sustancialmente superior a la real". 

La Casa de la Moneda se encuentra en el Conjunto Histórico de Sevilla y está declarada monumento histórico, por lo que las obras de reforma debían tener autorización previa y de hecho fueron informadas favorablemente en septiembre de 2009. 

"Sin embargo, la intención de los acusados era llevar a cabo sobre el edificio obras legalmente prohibidas" y en su proyecto hacían constar "un estado de la planta ático que no se correspondía con la realidad histórica" por lo que "en absoluto recuperaban el estado original del edificio", según el fiscal. 

Los acusados, sostienen las acusaciones, demolieron unidades estatigráficas del siglo XVIII y XIX y unos tabiques de los siglos XIX y XX pese a que las ordenanzas obligan a conservar el edificio "en todos sus aspectos artísticos y monumentales que le confieren un carácter singular" y "prohíben expresamente la demolición de elementos protegidos en los edificios catalogados". 

Según la Fiscalía, los daños son "incalculables" dado el valor histórico del edificio, si bien cifra en 94.676 euros el daño a los muros y en 130.591 euros lo que costará demoler el ático remontado.