El alcalde y la concejal de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores De Pablo-Blanco, han defendido este lunes que "ninguna" de las personas desalojadas de la Corrala Utopía ha acudido a los servicios sociales municipales para que se revise su situación socioeconómica. Después de que la Consejería de Fomento alojase provisionalmente a nueve familias de este colectivo, pero paralizase esta misma actuación en otros ocho casos dada la polémica suscitada por esta decisión, la situación socioeconómica de estas personas debe ser evaluada de nuevo para resolver los realojos.

Juan Ignacio Zoido, y después la concejal de Familia y Asuntos Sociales, han manifestado este lunes en rueda de prensa que "ninguna" de estas personas habría acudido a los servicios sociales municipales para ser sometidas a una nueva evaluación de su situación socioeconómica. "No ha aparecido ninguna de las personas que deben ser valoradas", ha dicho el alcalde insistiendo en la obligación de "aplicar la legalidad vigente". La concejal, en paralelo, ha recordado las notas informativas sobre necesidad de vivienda elaboradas sobre estas personas para que Ibercaja analizase si podían o no acceder a su programa solidario de vivienda, porque la "respuesta" del Ayuntamiento al escrito de la Consejería de Fomento y Vivienda con la relación de personas a evaluar fue "que si se habían basado en esas notas informativas" para entregar viviendas a nueve de las personas del colectivo "tenían que hacer una revisión del procedimiento" de entrega de tales viviendas públicas, pues como se ha explicado las notas informativas elaboradas para Ibercaja sólo incluían dos casos en el baremo social del Ayuntamiento. "En una administración, todo debe responder a un procedimiento público, con criterios objetivos y legales y los informes y evaluaciones de los técnicos", ha dicho la concejal en cuanto a aquella "entrega de llaves" de viviendas de titularidad autonómica "sin que se sepa cuál es el criterio" de adjudicación. "El origen de este problema es la patada en la puerta de una vivienda de propiedad privada. No se puede mirar hacia adelante sin mirar hacia atrás", ha enfatizado. 

Cortés dice que lleva una semana a disposición de Ayuntamiento para facilitar citas

La Consejería de Fomento y Vivienda ha recordado por otro lado que hace ya una semana se puso oficialmente y por escrito a disposición del Ayuntamiento para facilitar las citas con las familias al objeto de actualizar sus informes sociales. Fuentes de la Consejería han indicado que, a través de su delegada territorial en Sevilla, Granada Santos, envió una carta el lunes pasado al Ayuntamiento, en concreto a de Pablo-Blanco, en la que solicitaba actualización de los informes sociales de las familias.

En dicha carta la Consejería se pone, a través de los trabajadores de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), a disposición del Consistorio para "facilitar las citas, imprescindibles para realizar dicho trabajo social". Han recordado que el ofrecimiento "se realiza desde la colaboración institucional con el objetivo de agilizar al máximo el proceso de actualización de los informes sociales". La carta incluía un anexo con las 17 familias afectadas, esto es ocho realojadas y otras nueve sin proceso de realojo culminado.

La misiva indica que el proceso de realojo "se ha producido al entender que concurren las circunstancias excepcionales que para estos supuestos establece el decreto por el que se aprueba el reglamento de viviendas protegidas". Ha indicado que en la determinación de dichas circunstancias "se ha tomado en consideración, entre otros elementos, los informes emitidos por la Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento, en el marco de la comisión de trabajo formada por el Ayuntamiento y la Consejería".

La carta indicaba que la Junta, "dado el tiempo transcurrido en algunos caso desde la emisión de informes y las circunstancias sobrevenidas tras el desalojo del inmueble, que ha podido afectar al riesgo de exclusión social, a la situación de menores y las necesidades habitacionales de las familias, todas ellas provenientes del listado originario de hasta 22 familias facilitado por el Defensor del Pueblo del Pueblo andaluz", le solicitó que "a la mayor urgencia posible, actualice la situación social y habitacional en la que se encuentran dichas familias, remitiendo los mismos a esta Delegación Territorial", para lo cual la Junta facilitaba su dirección de email "para no dilatar en el tiempo ni agravar el problema que padecen las familias".

Apuntaba que "para facilitar y agilizar las labores del operativo que su Delegación ponga en marcha, a los efectos de localización, el personal de la AVRA se encuentra en permanente contacto con ellas", por lo que el pedía que comunicara a esta Delegación "por el medio más rápido, fecha, hora y lugar al que deberían acudir las familias, tramitando el personal de AVRA la citación".