La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE fraudulentos, han pedido este miércoles una fianza civil de más de 5 millones de euros para el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, quien se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que le había citado a declarar en relación con las irregularidades que se investigan en torno a los ERE realizados en esta empresa en los años 2003 y 2007.  

Al inicio de la comparecencia, la juez le leyó la imputación formal, en la que ha imputado hasta seis delitos al ex responsable del Mercado mayorista: malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Tras la lectura de la imputación, Fernando Mellet se acogió a su derecho constitucional a no declarar, y tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía reclamaron una fianza de responsabilidad civil de más de cinco millones, cantidad en la que se incluye la prima de la póliza del año 2003, descontándole la parte que abonó Mercasevilla e incrementándole el tercio legal correspondiente, han dicho fuentes del caso.

Las acusaciones han pedido además que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de Mercasevilla con respecto a esta fianza.

En su imputación delictiva, la juez Alaya sostiene que Fernando Mellet fue quien solicitó el 3 de octubre de 2003 el ERE que afectaría a 74 trabajadores de los 184 fijos, aludiendo a “cusas organizativas y económicas”, pero advierte de que no se formalizó solicitud de subvención alguna, “debido a las buenas relaciones” que a través del conseguidor de los ERE Juan Lanzas mantenía con el entonces delegado de Empleo, Antonio Rivas, y con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

En este ERE, en el que la Junta se comprometió a pagar 5.629.835,94 euros, y Mercasevilla 601.012 euros fueron incluidos de manera irregular tres trabajadores (José D. M., Joaquín G. M., y Pedro V. M.), quienes no reunían el requisito de tener una edad comprendida entre los 50 y 64 años.

Tras el “éxito de este primer expediente”, prosigue Alaya, Fernando Mellet, en “connivencia con Juan Lanzas”, remitió en 2005 una nueva solicitud de ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores de un total de 175 fijos y 35 temporales, fundando su solicitud en “idénticos motivos al ERE de 2003”, siendo igualmente autorizado por Antonio Rivas y en la póliza se contiene una “expresa mención a que la Junta” abonaría la mayor parte de las primas y además se incluyó como intruso a Antonio Garrido Santoyo, que fue secretario de Administración de UGT en Sevilla y ex secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza (Jaén), y el propio Lanzas intentó incluirse en la póliza, “como una de las formas que tenía de cobrar las elevadas cantidades que percibía por su intermediación”.

Alaya sostiene que el conseguidor Juan Lanzas percibió un total de 492.655,02 euros en comisiones de Mercasevilla, una cantidad que cobró a través de las facturas presentadas por el testaferro Juan Francisco Algarín Lamela y de la empresa Maginae Solutions, de su cuñado Ismael Sierra.

La instructora llega a hablar que de que entre Lanzas y Fernando Mellet existía un “continuo flujo de intercambio de favores”, en el que entraría que el ex director de Mercasevilla consiguiera que una empresa del grupo de Lanzas –Al Andalus Mass Media Channel- contratara al ex concejal del PSOE del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, que fue cesado tras su implicación en el escándalo de las facturas falsas del distrito Macarena, aunque la causa se archivó contra él. “La intermediación de Mellet para la contratación de García por la realización de unos trabajos no acreditados –que consistían en visitar distintos mercados de Sevilla y Málaga y ofrecerles la gestión por parte de Mercasevilla-, pero sí abonados, presuntamente servirían para conseguir la cotización a la Seguridad social necesaria para poder acceder a las prestaciones públicas que pudieran corresponderle, siendo finalmente nombrado director de Consumo del Ayuntamiento”, añade Alaya.

La citación de Fernando Mellet se producía tres años después de que la instructora lo imputase en esta causa, en marzo de 2011.

La juez también ha citado hoy a Antonio Garrido Santoyo, ex miembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén), y al ex comercial de Vitalia Francisco José González García, quien supuestamente sería responsable de la inclusión de otra de las primeras intrusas en Mercasevilla, su vecina María del Carmen Fontela. Ambos se acogieron igualmente a su derecho constitucional a no declarar ante la magistrada.

Alaya ha imputado delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos a Antonio Garrido Santoyo, del que considera que indiciariamente participó y se benefició de una póliza que ascendía a 441.961,27 euros, “en connivencia” con Juan Lanzas, los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, los empleados de Vitalia y el director de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero. Su abogado defensor, Ramón Somalo, ha explicado hoy que Santoyo devolvió hace más de dos años algo más de 100.000 euros que, según el imputado, había percibido “de forma errónea”, por cuanto estaba pendiente de percibir una indemnización por un despido que gestionaba la mediadora Vitalia.

Al tercer imputado que ha comparecido hoy, el ex comercial de Vitalia Francisco José González García, la juez le ha atribuido los mismos seis delitos que a Fernando Mellet. Según la instructora, el comercial fue quien “captó el negocio” del ERE de 2007, ante la “ausencia en esas fechas de la empresa instrumental Maginae Solutions”.

El abogado Juan Isidro Fernández, que representa a este imputado, ha dicho que el ex comercial de Vitalia atribuye a Lanzas la inclusión de la intrusa Carmen Fontela, por cuanto pensaba que se trataba de una “forma de conseguir la comisión” y creía que se “actuaba legalmente”. El letrado ha insistido en que las facturas emitidas por Hermes Consulting –empresa de un cuñado de Francisco González- eran completamente “legales” y se correspondían con trabajos “realizados” realmente, hasta el punto de que tuvieron que plantear distintos procedimientos civiles para poder cobrarlas.

Alaya sostiene, en cambio, que tras un primer “intento fallido” de que González se cobrara “su comisión” mediante la inclusión en el ERE de 2003 de Carmen Fontela, Mellet y el cuñado de González, en nombre de Hermes Consulting, suscribieron en diciembre de 2005 un contrato de servicios, el cual tenía por objeto “la obtención de subvenciones y/o financiación necesaria, a través de organismos públicos y/o privados, para acometer una mejora en la plantilla, lo que le supuso a Mercasevilla un coste de 111.630,45 euros, sin que conste el informe finalmente emitido”.

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado una fianza civil de 150.000 euros, más el tercio legal correspondiente, para Francisco González, una petición a la que se ha sumado la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.