El gobierno local sacó ayer adelante la nueva ordenanza de limpieza que otorga a una sola empresa (Biouniversal) el negocio del reciclaje del aceite usado de negocios y de particulares con el rechazo frontal de los grupos de la oposición, lo que se suma a las quejas y denuncias de la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Vegetales comestibles (Geregras) y de los hosteleros de Sevilla.

El modelo anterior otorgaba beneficios económicos a los gestores de residuos y a los hosteleros, mientras el actual lo concentra Biouniversal, que pagará un canon anual a Lipasam, la empresa de limpieza del Ayuntamiento.

Biouniversal es una empresa sevillana presidida por José Antonio Sáenz, dueño de la Boticaria, y participada como administradores solidarios por el músico Manuel Marvizón Carvallo (autor de las sintonías radiofónicas del periodista Carlos Herrera) y María Alonso de Caso López, según los datos mercantiles consultados por este periódico.

PSOE e IU pidieron dar marcha atrás a la norma y se oponen a que este negocio de 4,5 millones de euros se deje en manos de una sola empresa privada por considerarlo "un pelotazo" y "un monopolio" de "dudosa legalidad", cuando hasta ahora funcionaba con normalidad repartido entre 30 empresas de las que dependen 300 empleados que recibían beneficios de unos 2,5 millones de euros al año. Los 4,5 millones salen del reciclaje de 6.000 toneladas de aceite al año.

Con el cambio legal aprobado ayer, los negocios de hostelería (bares y restaurante) también dejarán de percibir los 2 millones de euros de estos beneficios que venían recibiendo, ya que ahora no obtendrán ningún dinero a cambio. Deben entregarlo gratis a Biouniversal.

El portavoz de Izquierda Unida, José Manuel García, llamó la atención ayer sobre el hecho de que otros ayuntamientos donde gobierna el PP también han adjudicado a Biouniversal el mismo negocio. Es el caso de Cádiz, San Fernando, Puerto Real, ahora Sevilla y podrían sumarse Málaga, Valencia y Madrid si prosperan las previsiones de la firma.

"Un negocio de 4,5 millones gestionado por un conjunto de empresas y trabajadores se lo han dado a una gran empresa: la misma que recibe otros contratos del PP en Andalucía. Ustedes están dando un pelotazo con el aceite usado cargándose 300 empleos. Lo demás son cuentos", recalcó el portavoz de IU.

Desde el PSOE, la concejal Encarnación Martínez planteó las "serias dudas de legalidad" que tiene este monopolio del aceite usado y criticó que, semanas antes de aprobar la ordenanza, se haya adjudicado el servicio a Biouniversal y que empleados de esta firma se han pasado por los negocios con operarios de Lipasam "presionando" a los hosteleros a que rompan los contratos con las empresas de reciclaje de aceite y le entreguen gratis los residuos.

La concejal socialista denunció que los ciudadanos llevan más de un año sin contenedores para reciclar el aceite usado y que Biouniversal aún no ha colocado los 500 contenedores en la calle para recogida domiciliaria que le corresponden. "¿Dónde están los contenedores en la calle cuando la recogida domiciliaria era el problema?", se preguntó el portavoz socialista, Juan Espadas, para quien la nueva ordenanza es "una metedura de pata".

Desde el gobierno local, el delegado de Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), no entró en por qué instauran un monopolio en la recogida de aceite usado de los negocios y particulares. El delegado sólo argumentó que Lipasam, como empresa pública, controlará directamente esta actividad a través de la adjudicataria Biouniversal "para evitar riesgos alimentarios y medioambientales", entre los que citó el aceite de colza y el aceite que se tira al alcantarillado y daña el medio ambiente.

Sobre este punto, Vílchez habló de que sin el control municipal se puede dar la "hipótesis" de que el aceite que no se entregue a gestores de residuos "pueda tener un fin irregular". Y preguntó a la oposición: "¿Dónde va el aceite que entregan los hosteleros que no va a los gestores?, ¿y si vuelve a la cadena humana?".

El delegado dudó que se vean afectadas 30 empresas con 300 empleos porque "en Sevilla hay seis gestores autorizados por la Junta, no treinta", dijo.

Con todo, ante las críticas de la oposición, Vílchez abrió la puerta a negociar y valorar con los hosteleros los contratos que tienen con empresas de residuos.