El entusiasmo tras el impulso dado al proyecto estrella de Zoido para crear empleo ha durado poco más de un día. La zona franca del Puerto de Sevilla que este lunes anunciaron el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el alcalde de Sevilla, no se podrá constituir a través de la orden ministerial que publicó ese mismo día el Boletín Oficial del Estado (BOE), ya que adolece de errores graves y deberá ser modificada. 

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, advirtió ayer que la zona franca no es viable con esa orden ministerial, ya que el documento publicado en el BOE deja fuera del consorcio a la Autoridad Portuaria, que es la administración que controla todos los terrenos donde se instalará, si bien corresponde al Consistorio la instalación de un cerramiento que necesita una inversión de 3.290.000 euros. "La zona franca nace íntegramente en la zona portuaria y eso facilita el proyecto, al no ser necesario comprar o expropiar terrenos. Hay una economía de medios y sin presencia de la Autoridad Portuaria la zona franca sería inviable", afirmó la presidenta del Puerto de Sevilla. Montoro lamentó el "error", aunque no hizo alusión alguna a sus consecuencias durante su intervención en el salón de los tapices del Real Alcázar. 

En la orden ministerial tampoco se hace mención al sistema de financiación que previamente se negoció entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Sevilla, en el que se tenía en cuenta que parte de los terrenos ya están ocupados por industrias, con cuyos impuestos estaba previsto costear la urbanización de los terrenos restantes. Castreño explicó que si bien el BOE recoge los posibles ingresos derivados de las "concesiones administrativas" relacionadas con los suelos de la zona franca, no sucedería lo mismo a la hora del mantenimiento del recinto "nada más nacer" gracias al impuesto de sociedades devengado por las seis empresas ya instaladas en un espacio portuario incluido en el ámbito de la naciente zona franca. 

El Puerto de Sevilla entiende que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha cometido "un error" en la redacción de esta orden ministerial, probablemente porque la zona franca de la ciudad es la primera fluvial y está marcada por una serie de particularidades y se ha "dibujado una zona franca según las habituales". La presidenta de la Autoridad Portuaria aludió a la necesidad de modificar la orden ministerial en el más breve plazo posible, confía en que el consorcio pueda constituirse con la Autoridad Portuaria integrada el próximo otoño y manifestó que la orden ministerial es una buena noticia porque constituye un avance. 

Destinado al almacenaje, transformación y distribución de mercancías en 719.876 metros cuadrados de superficie del dominio público portuario de área de Torrecuéllar, el proyecto de la nueva zona franca del Puerto (ya existe en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria) implica la creación de un espacio de almacenamiento de mercancías comunitarias y no comunitarias exentas de impuestos aduaneros e indirectos, con el aplazamiento de los pagos hasta la venta o salida del género. La zona franca propiciaría un tráfico anual de mercancías de más de 1,73 millones de toneladas, según el Ayuntamiento, que no quiso pronunciarse.