Tener una guardería de convenio con la Junta ha dejado de ser un negocio rentable. Así lo afirman diversos representantes del sector, que este lunes se hicieron eco de la bajada de la demanda por parte de las familias para escolarizar a sus hijos en dichas escuelas, lo que ha provocado que el curso se inicie con más de 3.000 plazas públicas vacías. El descenso de la natalidad, el regreso de los inmigrantes a sus países de origen y la crisis están detrás de esta caída. Los empresarios piden al Gobierno andaluz que se cambien las condiciones del convenio y que se aumente el coste de la plaza, que lleva un lustro sin variar.

Las guarderías abrieron ayer sus puertas para que los niños de entre 0 y 3 años regresaran a ellas tras el paréntesis de agosto. En la provincia de Sevilla lo hicieron 358 centros, la mayoría de los cuales son de titularidad privada pero mantienen un concierto con la Junta. Estos acuerdos permiten ofertar 22.035 plazas, el 24% de la red pública andaluza, donde el número de puestos financiados por el Gobierno autonómico alcanza los 91.593.

Dicha cantidad supone un incremento del 46% en seis cursos, según detalló ayer el consejero de Educación, Luciano Alonso. Sin embargo, este crecimiento, justificado hace más de un lustro cuando las crisis no había provocado aún grandes estragos, no ha sido parejo los últimos años a un aumento de la demanda, cuyo retroceso empieza a poner en riesgo la continuidad de muchas guarderías. A falta de detallar el número de alumnos matriculados en estas escuelas -dato que la Consejería de Educación no suele proporcionar porque fluctúa bastante a lo largo del curso-, fuentes del sector apuntan a que en la provincia de Sevilla hay más de3.000 plazas vacantes en las guarderías sostenidas con fondos públicos.

El presidente del Foro Andaluz del Sector de la Educación Infantil (Fasei), Blas Miguel Rodríguez, llega a cifrar porcentualmente la bajada en un 25%. Tres son los factores que para el sector motivan el citado descenso: el retroceso de la natalidad, la huida de los inmigrantes ante la falta de trabajo y la crisis, que ha provocado que muchos padres prescindan de este servicio -enfocado principalmente a la conciliación laboral y familiar- al quedarse en paro y hacerse cargo de los niños en casa.

La bajada de la demanda, sin embargo, es muy dispar. En este aspecto coinciden con la administración educativa. "Hay barrios en los que se quedan muchas plazas vacías y otros en los que hace falta", insisten desde la Junta. Por tal motivo, el presidente de la Fasei pide que se elabore un mapa más detallado con las zonas de mayor y menor demanda, de manera que el incremento de la red se haga de acuerdo con estos datos. "Hace años, cuando el Gobierno autonómico se propuso dar cobertura al 33% de la población andaluza de 0 a 3 años, se animaba a los empresarios a aumentar las aulas. Hoy esas clases están vacías y no hay convenio para las plazas sin ocupar, lo que supone un alto coste para los propietarios", detalla Rodríguez.

Es cierto que los convenios se han reducido los últimos años. Los nuevos acuerdos para ampliar la red pública de guarderías se firman principalmente con escuelas de titularidad municipal. Ejemplo de ello son los nuevos convenios con los consistorios de diez municipios sevillanos, lo que permitirá ampliar el número de plazas en la provincia en un millar durante el presente curso. Actualmente hay más de 80 guarderías municipales concertadas con la Junta que atraviesan una difícil situación financiera debido a los retrasos que acumula la Administración educativa en el pago de las mensualidades. El jueves se les abonó el mes de mayo, pero aún queda pendiente -y sin fecha- junio.

La situación es distinta en las de titularidad privada con convenio, que gracias al FLA (Fondo de Liquidación Autonómica) ha permitido a la Junta ponerse al corriente de los pagos. Por ahora, sólo queda pendiente la ayuda de mil euros por aula, que se abonará en septiembre, según refiere el secretario general de la patronal CECE en Andalucía, Rafael Caamaño, quien hace hincapié en la necesidad de subir el precio de la plaza pública (establecido en 278,88 euros con comedor incluido desde hace cinco años) y en cambiar las condiciones del convenio. "El sistema es muy rígido. Estamos atados de pies y manos. La Junta debería permitir, como en otras comunidades, que ofertemos plazas públicas y privadas", plantea Caamaño.