El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha prometido este miércoles un "repaso", es decir arreglos menores, en las viviendas de titularidad municipal del barrio de Nuevo Amate, construido tras la demolición de las antiguas viviendas sociales de Regiones Devastadas, cuyos inquilinos hayan detectado desperfectos. En paralelo, ha avisado de que no permitirá "el vandalismo" en el vecindario. 

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la escuela taller de hostelería de Torreblanca, el alcalde ha defendido la operación de regeneración del antiguo barrio de Regiones Devastadas, ubicado en el distrito Cerro Amate y ahora rebautizado como Nuevo Amate. Las antiguas viviendas de protección oficial de este barrio, como se recordará, fueron demolidas y en su lugar fueron levantados cinco edificios que contienen un total de 220 nuevas viviendas protegidas, todo ello de la mano de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa). 

El coste de la operación, según ha recordado el primer edil, fue dividido entre unos 15,5 millones de euros a aportar por el Ministerio de Fomento y más de cuatro millones de euros con cargo al Ayuntamiento.

El primer edil, de cualquier modo, ha comprendido las quejas de los inquilinos de las nuevas viviendas municipales respecto al estado de las mismas, argumentando que las viviendas de nueva construcción, ya sean públicas o privadas, necesitan "frecuentemente alguna reparación, arreglo o repaso". "Volveré a indicar a Emvisesa que pase por allí". ha dicho. Respecto a los episodios de vandalismo, ha insistido en que la postura del Ayuntamiento es la "tolerancia cero" con estos comportamientos, porque "ha habido algún acto violento o alguna reyerta, incluso de los propios vecinos". 

"No vamos a consentir que se deterioren las viviendas ni que haya vandalismo", ha enfatizado señalando que también es obligación de los vecinos "conservar y mantener" estas viviendas de propiedad municipal.  

Los inquilinos de las antiguas viviendas protegidas de Regiones devastadas, todos ellos arrendatarios, fueron realojados en viviendas municipales como medida transitoria y a la espera de que las citadas 220 nuevas viviendas estuviesen a su disposición. Una vez listas las nuevas viviendas protegidas, los datos ofrecidos el pasado mes de enero por el Ayuntamiento señalaban la entrega de 104 de las 220 viviendas y reserva en otros 15 casos, siendo destinadas las restantes 101 VPO al procedimiento reglado de adjudicación de viviendas protegidas. Buena parte de los inquilinos originales, así, no ejerció su derecho a habitar las nuevas viviendas y optaron por permanecer en las viviendas de realojo que les fueron asignadas. 

Estas viviendas protegidas, por cierto, fueron objeto de un episodio de ocupación protagonizado por un grupo de personas bajo la premisa de la necesidad de contar con un techo y la ausencia de recursos económicos para tal aspecto. La imputación de estas personas por un presunto delito de usurpación, pues no contaban con título alguno para habitar estas viviendas protegidas, propició finalmente que depusiesen su actitud.