EL problema de la vivienda es un asunto poco o mal resuelto en el mandato de Juan Ignacio Zoido. El hecho de que haya cientos de viviendas vacías -este verano eran 350- en una ciudad con más de 16.000 demandantes registrados es consecuencia de la crisis que se inició antes de que el PP llegara a la Alcaldía y de una gestión que no ha servido aún para darles la mejor salida. Ya en el anterior mandato, cuando despuntaba la crisis, el 40% de las adjudicaciones de VPO eran rechazadas por sus beneficiarios, bien por no poder lograr la financiación bancaria para hacer frente a la hipoteca, por haber perdido el empleo o por no reunir los requisitos. Y es que hace unos años se recibía una media de 50.000 solicitudes por cada oferta pública, una demanda que sólo se explica con el refrán de a caballo regalado (o casi) no le mires el diente. O sea, apúntate y, si te toca, ya veremos.

Aun así, la necesidad de una vivienda accesible subsistía en 2011 y, por ello, Zoido prometió en campaña electoral que construiría 1.000 viviendas por año. Y lo cierto es que no se ha movido un ladrillo y en su mandato se han promovido, y sólo en 2011, poco más de un centenar de viviendas. No procede, sobre todo, porque ya hay un stock que sacar adelante. Y ahí viene la cuestión. ¿Por qué sigue habiendo viviendas públicas vacías? Porque los posibles interesados siguen sin poder adquirirlas, mientras las necesidades crecen y urgen. ¿Y por qué no se cambian los requisitos para facilitar el acceso?

En ésas se está, pero Emvisesa lleva años funcionando al ralentí, hasta el punto que la propia Defensora del Pueblo, la ex alcaldesa Soledad Becerril, llegó a dar un toque de atención. Si en 2009 se vendieron 628 viviendas y se adjudicaron en régimen de alquiler 243, en 2012 la cifra bajó a 136 ventas y 42 alquileres. Zoido llegó e hizo borrón y cuenta nueva con las políticas de vivienda anteriores y la empresa municipal, a la que le cuesta dar datos y explicaciones, se sumió en una parálisis preocupante que sirvió en 2012, por ejemplo, para argumentar una serie de despidos en la estructura de Emvisesa.

Hasta 2013, tras dos años del mandato, el Ayuntamiento de Sevilla no adoptó una medida que beneficia más a los demandantes que a la propia empresa, empecinada en vender antes que en alquilar: convertir en viviendas de alquiler algunas de las que están en venta. Este cambio de calificación tiene un problema de rentabilidad para el promotor, en este caso la empresa municipal, que tardará más en recuperar la inversión. De nuevo volvieron a alegarse trabas impuestas por la Junta de Andalucía para realizar ese cambio, pero lo cierto es que el gobierno local podría haberlo solicitado desde el mismo momento en el que llegó Zoido a la Alcaldía, pues una orden de 2010 del Gobierno andaluz lo faculta a hacerlo y que, al parecer, el Ayuntamiento desconocía.

Este verano, de las 350 viviendas vacías pendientes de adjudicación sólo habían cambiado 163 VPO de venta a alquiler, desde unos 275 euros al mes. Y es ahora, en estos últimos meses, cuando ha empezado a notarse cierta reactivación. En lo que va de año se han vendido 100 viviendas y se han alquilado, y aquí está el cambio, 290. Los mejores meses han sido los últimos; sobre todo, junio, con 44 alquileres y 29 ventas. No en vano, en junio Emvisesa recurrió a ofertas e incluso a buzoneo de publicidad para vender sus viviendas en Pino Montano, por ejemplo. Aprovecha las nuevas ventajas, reza la propaganda, que también trata de liquidar garajes (700 en 11 barrios) y locales comerciales vacíos.

Pero claro, Emvisesa no es una inmobiliaria. Al menos, no debería funcionar como tal. Es cierto que Zoido, en plena crisis nacional por los desahucios, se adelantó un domingo en noviembre de 2012 anunciando que sería el primer alcalde en parar los desalojos de viviendas de Emvisesa, una promesa que ya le ha tenido que recordar en más de una ocasión la oposición. Por cierto, IU preguntó en el pleno de esta semana por las viviendas vacías y la respuesta fue de nuevo vaga y circundante.

Al gobierno local le ha costado un poco más estudiar rebajas para inquilinos con necesidad o acordar que no cobrará el alquiler a las familias en riesgo de emergencia social. El problema es que las hay y que éstas no reciben la atención debida por parte del Ayuntamiento. Los casos tienen apellidos y han llamado no sólo a las puertas de Emvisesa, sino también de la oposición, que los conocen por sus nombres de pila. Los datos que maneja el PSOE cifran en medio centenar los casos de ejecuciones hipotecarias con lanzamientos ya realizados, otras ya iniciadas en la vía judicial, desahucios por impago de rentas, incluso a víctimas de violencia de género. Algunos no obtienen respuesta por parte de la Junta, propietaria de algunas viviendas, y la mayoría no encuentra consuelo en Emvisesa. Todos son casos de urgente necesidad y algunos llevan dos años batallando. El PSOE tiene hasta 23 propuestas, desarrolladas con rigor, para mejorar el funcionamiento de Emvisesa. El PP asegura que no se para y que continuamente se están dando pasos para arreglar un problema crónico, el de la vivienda. ¿Arrancará por fin Zoido el motor de Emvisesa en la recta final del mandato? Necesario es, pero pocos apuestan por ello.