No habrá ninguna revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Ni siquiera se ha llegado a constituir el comité de sabios con el que se había contactado para encargarle la tarea. El gobierno local echa el freno y descarta ahora cualquier proceso de "actualización" de la principal normativa urbanística del municipio, pese a que a finales de 2013 anunció su propósito de hacerlo y dio los nombres de los profesionales de prestigio a los que se encargaría este cometido.

El gobierno local, que preside Juan Ignacio Zoido como alcalde, considera que ahora no es conveniente plantear esa "actualización" -siempre ha preferido este término- porque se ha llegado a la conclusión de que genera más inconvenientes que beneficios. El principal problema es el de la inseguridad jurídica que puede provocar el mero hecho de que los cuatro profesionales escogidos comenzaran un debate de ideas sobre el Plan General. La incertidumbre sobre las propuestas de cambio es contraproducente en la actual coyuntura.

La Gerencia de Urbanismo tenía cerrado el pasado diciembre la composición del comité de sabios que habría de plantear una serie de modificaciones puntuales del PGOU que permitieran la implantación de grandes empresas en edificios y espacios donde los actuales usos asignados impiden esta posibilidad. Los hombres de Zoido para esa actualización del Plan General eran un ex gerente de Urbanismo en los años del PA al frente del Ayuntamiento, Eduardo Martínez Zúñiga; un ex alto cargo de la Gerencia en los años de Alcaldía del socialista Manuel del Valle, Carlos López Canto; un joven arquitecto de gran implantación internacional y que ha sido crítico con algunos de los aspectos de la gestión urbanística de Monteseirín, José María de Cárdenas, y un reconocido especialista universitario en legislación urbanística, Antonio Alfonso Pérez Andrés.

El equipo directivo de la Gerencia de Urbanismo ya había contactado con los cuatro para realizarles un encargo que debía ser afrontado a lo largo de este 2014. Pero el gobierno de Zoido cree que los planes de revisión del Plan General ahuyentan ahora mismo a los pocos inversores que en el actual contexto económico se interesan por la ciudad. La estrategia consiste ahora en ir planteando modificaciones específicas según vayan llegando los proyectos. Nada más.

Urbanismo descarta que se haya rechazado la revisión por su coste económico. Cada uno de los cuatro profesionales iba a percibir un máximo de 18.000 euros por sus servicios. La composición del comité se había afrontado con la intención de que estuvieran representadas distintas perspectivas a la hora de enfocar el urbanismo y, por supuesto, la experiencia de quienes han trabajado en los planeamientos de diversos municipios.

El gobierno del PP partía de la base de que el PGOU de 2006 se concibió en una coyuntura económica que ha cambiado de forma radical y con un peso específico de la inversión pública que se ha venido abajo como consecuencia de la crisis, de las medidas de austeridad generalizada y del propio plan de ajuste al que ha estado sometido el Ayuntamiento para acceder a la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y poder pagar a los proveedores. Un Plan de Ajuste que acaba de ser cancelado con el visto bueno del Ministerio de Hacienda gracias a que Zoido ha logrado el apoyo de los bancos y ha refinanciado la deuda del Ayuntamiento con entidades privadas con intereses más bajos.

Urbanismo da un paso atrás y olvida los motivos que llevaron a plantear la necesidad de revisar el Plan General. El equipo de gobierno consideraba hace un año llegada la hora de adecuar el PGOU "a las demandas de los sevillanos, a la legislación actual, a la planificación territorial vigente y a las condiciones socioeconómicas actuales". El informe de conclusiones del comité de sabios debía contener un análisis del desarrollo, aplicación y grado de ejecución del Plan General desde su entrada en vigor; una relación de los principales problemas detectados para el desarrollo, aplicación y ejecución del Plan General; recomendaciones relativas a los aspectos generales o detallados que deberían ser objeto de innovación o ajuste y sentido o finalidad en el que éste debería producirse; y una propuesta de organización y estrategia documental para formular la actualización del Plan General. Además, este documento sería sometido a la valoración de la comisión de seguimiento del PGOU.