La Fiscalía de Sevilla pedirá este miércoles una condena de 20 años y ocho meses de prisión para el ciudadano francés Dominique Philippeaux, acusado del crimen de Francisco Carrasco Córdoba, camarero del bar Tío Tom que fue asesinado en 2002 pero cuyo caso no fue resuelto hasta una década después gracias a una prueba de ADN y a la colaboración policial a nivel internacional.

El Ministerio Público señala en su escrito de conclusiones provisionales que en torno a noviembre de 2002 varios individuos contactaron con el ciudadano francés, al que informaron de que había un individuo que guardaba en su vivienda una importante cantidades de “drogas y dinero” y que resultaría "fácil hacerse con ambas cosas".

El acusado, según la acusación pública, aceptó la propuesta y a principios de diciembre de ese año se trasladó a Sevilla, donde tras estudiar la situación, decidieron "pasar a la acción" el 9 de diciembre y entrar en el domicilio de la víctima, ubicado en el número 23 de la calle Vib Arragel.

Dice el fiscal que el acusado y los desconocidos, uno de los cuales conocía al camarero, se presentaron en la vivienda y éste les abrió la puerta. Una vez en la casa, el fiscal dice que exigieron a Francisco Carrasco la entrega del dinero y la droga, pero al negarse comenzaron a golpearle con una "inusitada brutalidad" sobre todo en el rostro, propinándole además numerosas patadas y puñetazos hasta que el joven perdió el conocimiento.

A continuación, lo maniataron de pies y manos y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, asida en el cuello por cinta aislante, con lo que le privaron de "la posibilidad de defenderse ya que aún continuaba con vida". Entre todos lo subieron a la planta alta de la vivienda y lo colocaron sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en un sofá. Francisco Carrasco falleció pocos minutos después como consecuencia del fuerte traumatismo craneoencefálico y la posterior asfixia mecánica por la fuerte compresión del cuello y la bolsa que tenía colocada en la cabeza.

El acusado y sus compinches intentaron abrir la caja fuerte pero no pudieron hacerlo ya que unos vecinos, alertados por los ruidos, avisaron a la Policía. En la inspección ocular, la Policía halló casi cuatro kilos de cocaína (3.875 gramos) y unos 8.000 euros que pertenecen a otros individuos que ya fueron juzgados en otro procedimiento.

La Fiscalía imputa delitos de asesinato y robo con violencia en grado de tentativa al ciudadano francés, para el que pide una condena de 20 años y ocho meses de prisión, así como que indemnice con 120.000 euros a los padres del fallecido.

El ADN y la colaboración internacional permitieron al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional esclarecer este crimen.

El hallazgo de la droga y el dinero llevó a los investigadores de Homicidios a establecer el robo como móvil del crimen. El tamaño y el peso de la caja fuerte hicieron imposible que el asesino se la pudiera llevar. Antes de marcharse, buscó sin éxito las llaves de la caja fuerte por toda la casa, como demostraba el hecho de que todo estuviera revuelto en la vivienda, y todos los cajones y muebles abiertos.

En las inspecciones oculares del piso, la Policía Científica halló restos biológicos, de los que sacó un perfil de ADN de un desconocido, posiblemente del asesino. Esa información genética se introdujo en una base de datos con otros perfiles anónimos, a la espera de que en alguna operación policial en cualquier parte del país, en un control de tráfico o en cualquier otro supuesto, fuera detenido el dueño de ese ADN y se pudiera saber quién era.

Hubo que esperar diez años para que un cruce de datos diera positivo. Entre tanto, España firmó un acuerdo de cooperación internacional con otros siete países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Finlandia. Es el Tratado de Prum, rubricado en mayo de 2005, por el que las fuerzas de seguridad de estos países comparten información del flujo de personas y vehículos y de perfiles genéticos. En esta base de datos internacional se volcó, en enero de 2012, un ADN idéntico al encontrado en la casa de Vib Arragel.

Correspondía a Dominique Philippeaux, el ciudadano francés de 49 años que se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Mauzac, en el sur de Francia. En el año 2004, había sido detenido por atropellar a un gendarme al intentar escapar de un control en Saint Quentin. Philippeaux fue extraditado y admitió ante los agentes del Grupo de Homicidios y ante el juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que había estado en la vivienda de Vib Arragel, si bien aseguró en su declaración que la víctima aún estaba viva cuando él se marchó.

Philippeaux está en libertad desde el pasado mes de mayo. La Audiencia de Sevilla, en contra del criterio de la Fiscalía, no prorrogó por otros dos años su prisión preventiva y le impuso como medida cautelar la obligación de comparecer en los juzgados dos veces por semana. La Policía tiene claro que el crimen fue por un robo de droga.