La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha emitido un nuevo informe pericial en la causa de los ERE fraudulentos en el que considera que las ayudas concedidas por la Junta para el ERE de Mercasevilla de 2003 pueden ser “nulas de pleno derecho”, puesto que a la hora de otorgar dichas subvenciones “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

En el informe, los peritos señalan que en relación con el ERE de 2003 de Mercasevilla se pactó una indemnización de 5.637.421,86 euros para la prejubilación de 50 trabajadores mayores de 50 años, mientras que para el ERE de 2007 se pactaron unas indemnizaciones de 8.031.121,99 euros para la prejubilación de otros 39 trabajadores. Aunque la Junta de Andalucía ha negado el “compromiso” de pago de esta cantidad, los peritos advierten que en la documentación sí constan los “compromisos” del titular de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero para la suscripción y abono de la póliza y dos suplementos, aunque finalmente no fueron pagados.

Dicen los peritos que en una de las pólizas se incluyó un pago de 15.000 euros para Juan Lanzas Fernández, el conseguidor de los ERE y ex sindicalista, que no tenía ninguna relación con la empresa, y también en el ERE de 2007 figuraban otros 834.332,84 euros relativos a otros dos trabajadores, uno de ellos el intruso Antonio Garrido Santoyo y otro el trabajador autónomo José Antonio Rivera Martín, con periodos de alta de pequeña duración en Mercasevilla y que fue incluido en este último ERE.

Los ERE de la lonja de 2003 y 2007 afectaron a un total de 89 trabajadores, con un coste total de 15.680.699,37 euros, lo que supone una media de 176.187,33 euros por cada trabajador, de los cuales 14,5 asumiría la Junta y 1,1 la propia Mercasevilla, aunque los peritos señalan que no hay constancia de que la Administración autonómica haya consignado la póliza suscrita para el ERE de 2007.

Los expertos concluyen que el destino de las subvenciones es financiar el coste de la indemnización por despido colectivo acordada entre la empresa y los trabajadores en la tramitación de dos ERE, por lo que esta subvención “pudiera corresponder al ámbito laboral, al atender obligaciones surgidas para la empresa durante la existencia de la relación laboral del trabajador y antes de que ésta se extinga”. Por ello, concluyen que de acuerdo con el informe emitido por e Ministerio de Empleo en septiembre de 2013 si la Junta había establecido un “sistema propio” de ayudas previa a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social distinto al regulado para el Estado, “podría entenderse vulnerada la competencia del Estado en lo referente a la legislación”.

Además, el informe constata que estas ayudas podrían constituir una “subvención a la empresa y no a los trabajadores”, puesto que la obligación de pago tanto de los salarios como de la indemnización corresponde a la misma.

La IGAE subraya asimismo que las ayudas podrían ser nulas de pleno derecho por haber prescindido “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y también porque la Consejería de Empleo ha otorgado las ayudas con cargo a fondos procedentes de un “concepto presupuestario inadecuado”, en alusión a las transferencias de financiación.

Dicen los peritos que Guerrero concedió además las ayudas “sin competencia legal para ello” y que el sistema empleado por la Consejería para determinar tanto la empresa elegida como los importes a financiar “son totalmente discrecionales”.

Entre las irregularidades apreciadas destaca además que no se aplicaron criterios de “publicidad, concurrencia y objetividad” y que no se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas ni tampoco se sometieron a fiscalización previa ni hubo un seguimiento de las ayudas concedidas. Tampoco hubo solicitud formal por parte de la lonja.

En el nuevo informe pericial, la IGAE analiza, además de las ayudas concedidas a Mercasevilla, las que se concedieron a los Ayuntamientos de Los Palacios y San Nicolás del Puerto y a la empresa Primayor de Jaén.