Acreditar a los recogedores de residuos abandonados para garantizar su traslado, depósito y tratamiento. Éste es uno de los objetivos que persigue Agresur, la asociación de gestores de residuos que representa a más de 200 empresas que se encargan de esta labor en Sevilla, Cádiz y Huelva. Dicho ente presentó ayer en la capital hispalense el proyecto Recogesur Social, que ya está inscrito en la Junta y mediante el que se pretende ofrecer cobertura legal a los conocidos como buscachatarras.

Dicho proyecto se hizo público un día después de entrar en vigor la nueva ordenanza de limpieza pública y recogida de residuos municipales del Ayuntamiento de Sevilla que, a juicio de los representantes de Agresur, mantiene "lagunas" legales para que este objetivo se pueda poner en marcha. "La ordenanza sanciona a quien extraiga residuos que ya estén dentro de los contenedores, no así para los depositados fuera, como ocurre con la mayoría de los restos metálicos", explicó Rubén Barreno, presidente de Agresur, quien incide en que "no prohíbe a los recogedores de residuos, pero tampoco les aporta cobertura legal".

Para la citada asociación, es imprescindible regularizar dicha actividad con el fin de que se garantice todo el proceso desde que se abandona el residuo metálico junto al contenedor hasta que se trata. "La ordenanza habla de que este tipo de residuos ha de ser trasladado a los cuatro puntos limpios con los que cuenta Sevilla o que se realice la gestión a través de Lipasam. Nada se dice de otros gestores privados, pero sabemos que nadie va a desplazarse para llevar pequeños objetos metálicos", subraya Barreno.

Por tal motivo, la asesora jurídica de Agresur, Vanessa Villegas, apuesta por que en la ordenanza se contemple la posibilidad de dejar estos residuos en una "zona señalada" junto a los contenedores de la que los recogedores autorizados puedan sacarlos, por lo que habría que eliminar la sanción contemplada en la ordenanza (de hasta 750 euros) para los que depositen los residuos fuera de los recipientes.

Con esta iniciativa, Agresur busca que se mantenga el medio de vida de los recogedores (hay más de 30.000 personas que se dedican a esta actividad en Andalucía) y que las empresas gestoras de residuos no se vean "abocadas al cierre" ante la falta de material. El proyecto ya ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta, así como el respaldo de varios ayuntamientos que han mostrado su entusiasmo por aplicarlo. El único Consistorio en el que ha habido cierta "resistencia" ha sido el de Sevilla, especialmente por parte de Lipasam.