La juez Mercedes Alaya mantiene en prisión provisional a tres de las 32 personas detenidas en el marco de la denominada operación Enredadera, que ha destapado una trama corrupta para el pago de mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos.

Tras esta operación, la instructora ha enviado a prisión a dos directivos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Sevilla y Córdoba, Antonio Rodríguez Jurado y Enrique José Finch Ramos, y al director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras. Un cuarto imputado que el pasado miércoles fue enviado a prisión, el jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, logró reunir en menos de doce horas los 100.000 euros de fianza personal que le impuso la magistrada y abandonó la prisión durante este jueves.

Alaya ordenó el ingreso en prisión, eludible bajo fianza de 250.000 euros, del directivo de Adif en Córdoba Enrique José Finch Ramos, a quien la instructora imputa haber cobrado 1.004.624 euros en mordidas de la contratista Fitonovo entre los años 2003 y 2012.

La instructora dejó este jueves en libertad a los otros cinco detenidos por la Guardia Civil, entre ellos el representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido supuestamente mordidas por importe de 155.000 euros, 70.000 euros en una caja de zapatos poco antes de las elecciones municipales de 2011.

La Fiscalía de Sevilla pidió una fianza de 50.000 euros para este imputado, que fue también técnico del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad que por entonces dirigía el primer teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos.

También quedó en libertad el jefe de Sección de Conservación y Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura, José María Pizarro Gómez, que percibió supuestamente pagos de la caja B de Fitonovo por otros 66.050 euros.

Por la mañana, Alaya también dejó en libertad con cargos al teniente de alcalde de La Carolina y concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Cristóbal Pérez, y a dos trabajadores de la empresa Fitonovo, el asesor jurídico, Carlos Gamito González, y el adjunto al consejero delegado, Pablo Pérez Benedicto.

La mayoría de los imputados se han acogido a su derecho constitucional a no declarar cuando han comparecido ante la magistrada y la Fiscalía de Sevilla ha solicitado distintas fianzas para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de su imputación.

Las 32 detenciones se produjeron en la mañana del pasado martes en el desarrollo de la operación Enredadera realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra una trama corrupta de pagos de mordidas a funcionarios y cargos públicos a cambio de beneficios en la adjudicación de los contratos a la empresa Fitonovo, que llevaba una contabilidad B donde se especifican los pagos de comisiones y regalos realizados entre 2002 y 2013 aunque el inicio del pago de mordidas se remonta a 1997.

La investigación ha revelado el pago de mordidas que ascienden al menos a dos millones de euros, de los cuales además del millón que habría recibido supuestamente el directivo de Adif en Córdoba, otros 111.000 euros habrían ido a parar al jefe de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio Lora, que ha quedado libre tras pagar una fianza de 100.000 euros que habría reunido gracias a las aportaciones de familiares y amigos.

La juez sostiene que la red de sobornos se había establecido como una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo" y de hecho entre los cargos que ha ido imputando a muchos de los implicados que han comparecido se encuentra, además de los de cohecho y tráfico de influencias, el de asociación ilícita.

Alaya concluye que Fitonovo pagaba de forma periódica comisiones como una de las "estrategias cardinales de la empresa para articular el pago de cohechos y defraudar a la Administración" y añadía que se trataba de una práctica "permanente", por cuanto el acta de una reunión de la dirección de la empresa que se celebró el 11 de noviembre de 2008 reflejaba un acuerdo para retribuir a un funcionario de Adif con el "4% del contrato", que se compensaría con la empresa "con la no ejecución de los trabajos comprendidos en el contrato público en determinados tramos".

Adif se personará en la causa y tomará medidas con los imputados

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) anunció este jueves que se personará en la causa abierta por la juez Alaya en la que se investiga el cobro de comisiones en la adjudicación de contratos públicos y lo hará en calidad de parte perjudicada "para pedir las responsabilidades que correspondan y conocer de cerca las acusaciones cuando el procedimiento lo permita", ya que el caso se encuentra actualmente bajo secreto de sumario por orden de la juez Mercedes Alaya. Con respecto a los imputados en la causa que están vinculados a esta empresa pública, se adoptarán medidas cautelares de distinto tipo, en función y razón de las circunstancias de cada uno de los implicados, a la espera de las decisiones judiciales. Adif suspenderá temporalmente de empleo y sueldo a aquellos que sean enviados a prisión por la juez Alaya; a los imputados con cargo de libre designación se les remocionará cautelarmente a puestos técnicos, y al resto de implicados se les abrirá inicialmente un expediente informativo del que se irán derivando las consecuencias pertinentes en función de la causa.