La juez Mercedes Alaya, que investiga la operación Enredadera, imputó este lunes un nuevo delito de fraude a la Seguridad Social a los empresarios de Fitonovo Rafael González Palomo y a su hijo José Antonio González Baró, así como al administrador de la empresa Fiverde, del mismo grupo, Ángel Manuel Macedo Gajete.

La magistrada citó a los tres empresarios para ampliarles, por segunda vez, los cargos que se le imputan e incluir en esta ocasión un delito contra la Seguridad Social, por haber pagado supuestamente en dinero negro parte de las nóminas a los empleados en el periodo comprendido entre 2003 y 2012, según explicaron fuentes del caso, que añadieron que una vez ampliada esta imputación la Fiscalía de Sevilla no realizó ninguna nueva petición de medidas cautelares.

Estos tres imputados, que volvieron a acogerse a su derecho a no declarar, habían comparecido con anterioridad ante Alaya el pasado 11 de noviembre, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil inició la operación Enredadera, la tercera fase de la Madeja. Al término de esa comparecencia, la Fiscalía de Sevilla pidió una fianza civil de dos millones de euros para Rafael González Palomo; de un millón para José Antonio González; y de medio millón para Ángel Manuel Macedo.

La instructora sostiene que la red de sobornos se había establecido como una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo" y de hecho entre los cargos que ha ido imputando a muchos de los implicados que han comparecido en la tercera fase de la operación Madeja se encuentra, además de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el de asociación ilícita.

Desde el pasado 11 de noviembre, la juez Alaya ha ido llamando a declarar a decenas de nuevos imputados, a los que la Fiscalía ha solicitado en algunos casos fianzas civiles y en otros se ha mantenido la imputación pero sin solicitar ninguna medida.

Este lunes, con la que, según algunas fuentes consultadas, la instructora ha dado por cerrada la operación Enredadera, Alaya citó a declarar a un funcionario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla José Enrique Castro, que trabajó en dicho organismo en la época en la que el ex asesor del Grupo municipal Socialista Domingo Enrique Castaño y el concejal Manuel Gómez Lobo estaban vinculados a la delegación de Vía Pública. Castaño y Gómez Lobo también han sido imputados por la instructora en relación con los sobornos pagados presuntamente por la empresa Fitonovo, una contratista habitual del Ayuntamiento de Sevilla y de otras Administraciones Públicas.

Durante la operación Enredadera, la UCO detuvo a un total de 32 personas, de las cuales tres continúan en prisión provisional. Se trata de los directivos de Adif en Sevilla y Córdoba Antonio Rodríguez Jurado y Enrique José Finch Ramos, y el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras.

En el marco de esta investigación el dueño de Fitonovo, Rafael González, reconoció ante la juez Alaya que entregó 30.000 euros al ex asesor municipal Domingo Enrique Castaño, un dinero que, según el empresario, era para el PSOE.

Las investigaciones también llevaron a los agentes a confirmar que Fitonovo sufragó una reforma de la sede de la agrupación local del PSOE de la Macarena, de la que fue secretario general otro de los imputados, el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.

El dueño de Fitonovo declaró que el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño el pidió que hiciera "la factura a nombre de otra empresa", porque la agrupación socialista de la Macarena había tenido "problemas anteriores con la facturación", en alusión al escándalo de las facturas falsas que terminó con una condena hace unos años.