La Fiscalía de Sevilla ha solicitado fianzas de hasta medio millón de euros para los tres políticos municipales que han sido imputados por la juez Mercedes Alaya en la denominada operación Enredadera, que ha destapado una trama corrupta que pagaba comisiones a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. El fiscal encargado del caso pidió, en concreto, el pasado lunes sendas fianzas civiles de 500.000 euros para el actual portavoz municipal de IU, José Manuel García, y para su antecesor en el cargo, el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos, mientras que para el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo (PSOE) reclamó una fianza civil de 400.000 euros.

La Fiscalía reclamó estas fianzas, que tienen por objeto garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de la implicación en la causa, al término de la comparecencia de los tres responsables políticos, dos de los cuales, Antonio Rodrigo Torrijos y Manuel Gómez Lobo, se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Alaya, al igual que habían hecho cuando fueron citados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Quien sí declaró ante la juez Alaya fue el actual portavoz municipal de IU, José Manuel García, quien a su salida del juzgado aseguró que no cometió "ningún acto ilegal ni ninguna actuación irregular o delictiva".

Fuentes de IU declinaron ayer pronunciarse sobre la fianza civil solicitada por la Fiscalía de Sevilla, al poner de manifiesto que desde la federación de izquierda no se iba a realizar ninguna valoración para respetar el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones desde hace 17 meses.

La juez Mercedes Alaya aún no se ha pronunciado sobre la imposición o no de estas fianzas de responsabilidad civil y todo apunta a que no lo hará precisamente hasta que se levante el secreto de sumario, una decisión que podría ser inminente y producirse en los próximos días, según explicaron fuentes del caso.

Una vez que se acuerde esa medida, la instructora también tendrá que valorar si en este caso es procedente remitir la investigación a la Audiencia Nacional, dado que la operación Enredadera, que se desarrolló el pasado 11 de noviembre y que se saldó con la detención de 32 personas, cuatro de las cuales fueron enviadas a prisión, aunque una de ellas, el jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla quedó en libertad al día siguiente tras abonar una fianza de 100.000 euros.

La juez Alaya preguntó a José Manuel García, al que imputó delitos de cohecho y fraude, sobre la adjudicación de obras y mantenimiento de 11 campos de fútbol en los que se colocó césped artificial, así como por la reforma del centro deportivo Ifni, ubicado en los Bermejales, todo ello en la etapa en la que este concejal fue gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD). El portavoz de IU se desvinculó de estas adjudicaciones, al asegurar que éstas dependían de la Mesa Central de Contrataciones del Ayuntamiento.

En la operación Enredadera -tercera fase de la Madeja- también está imputado el ex representante de IU en la comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento Antonio Miguel Ruiz Carmona, al que Alaya atribuye haber recibido supuestamente mordidas por importe de 155.000 euros, de los cuales 70.000 euros le habrían sido entregados en una caja de zapatos poco antes de las elecciones de 2011.

Alaya sostiene que la red de sobornos se había establecido como una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo", la habitual contratista.