La juez Mercedes Alaya atribuye a los ex portavoces municipales de IU José Manuel García –que este viernes mismo ha presentado su dimisión- y Antonio Rodrigo Torrijos haber “intervenido decisivamente”, ambos como dirigentes de la formación, en la recepción para el partido de una mordida de 155.000 euros pagada por la empresa Fitonovo “en compensación” por la adjudicación a ésta de los contratos relativos a obras realizadas en 11 campos de fútbol dependientes del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Sevilla.

Alaya imputó formalmente a José Manuel García –por su etapa como concejal delegado de Juventud y Deportes y Casco Antiguo- y a Antonio Rodrigo Torrijos, quienes comparecieron en el juzgado el pasado lunes imputados en el marco de la operación Enredadera, que recibieron para el partido “determinadas dádivas en compensación a la adjudicación” a Fitonovo de los contratos de obra relativos a 11 campos de fútbol. Se trataría, según Alaya del pago por los directivos de esta empresa de 155.000 euros mediante dos pagos, uno realizado el 30 de marzo de 2010 por importe de 70.000 euros, y otro de 85.000 euros abonado el 18 de febrero de 2011, por la adjudicación a Fitonovo de once expedientes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de Sevilla, adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deporte por una cuantía de 6.966.320,80 euros.

La juez recuerda que estos pagos habrían sido recibidos por el también imputado Antonio Miguel Ruiz Carmona, ex miembro de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento, como “así se acreditaría indiciariamente por los archivos de la contabilidad de la caja B de Fitonovo y por el recibo de dinero de dicha Caja B relativo al pago de 85.000 euros, efectuándose el primer pago el 30 de marzo de 2010 en una caja de zapatos”.

Otros contratos que se adjudicaron a Fitonovo por la misma delegación de Juventud y Deportes dirigida por IU serían el expediente 52/2010, del distrito Casco Antiguo, sobre la instalación de aparatos gimnásticos para mayores en el Paseo Juan Carlos I por importe de 17.799 euros, iniciado el 13 de septiembre de 2010.

Alaya cita igualmente el expediente 360/2011 del IMD por las obras de emergencia ejecutadas en el centro deportivo IFNI, ubicado en los Bermejales, por importe de 554.736 euros, en el que “se observan ciertas irregularidades, entre ellas que se duplicó el importe de la contrata”, inicialmente fijado en 270.000 euros, y que “no existe fiscalización previa de la autorización y disposición del gasto”.

Asimismo, la juez se refiere al expediente 19/2011 de obras de reparaciones de la pista deportiva destinada a fútbol sala y baloncesto en el campo deportivo del Tiro de Línea, por otros 36.204 euros; al expediente de autorización del riego del campo de fútbol Antonio Puerta por 4.936 euros; y el expediente 23/2011 de obras urgentes en el CEIP San Isidoro por importe de 29.760 euros, adjudicado en julio de 2011.

En relación con estos hechos, la juez imputa hasta cuatro delitos –dos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos- a José Manuel García y tres en el caso de Torrijos: delitos continuados de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. Para ambos, la Fiscalía de Sevilla reclamó una fianza civil de 500.000 euros, aunque la instructora aún no se ha pronunciado sobre esta petición.

El ex portavoz municipal de IU José Manuel García sí accedió a declara ante la juez Alaya, a la que aseguró que la mesa de contratación fue “única” tanto para los proyectos del Ayuntamiento como los del Instituto Municipal de Deportes, al tiempo que explicó que en el marco del plan 8000 se presentaron a propuesta del gerente y del conejo de dirección del IMD una serie de proyectos y propuestas de inversión.

García reconoció que de los 12 proyectos de césped artificial, once fueron adjudicados a Fitonovo, una empresa a la que “no conocían con anterioridad y desconocida en el mundo deportivo”, por lo que “temieron que una sola empresa no pudiera acometer todas estas obras”. Sin embargo, “parece que sí tuvieron capacidad para realizar toda la ejecución en el tiempo previsto”, puesto que las obras del plan 8000 tenían que ejecutarse en un período relativamente corto, aseguró García.

El ex portavoz municipal reconoció que el resto de los contratos que se le mostraron eran “contratos menores”, por lo que fueron adjudicados directamente por la delegación de Juventud y Deportes que dirigía IU a Fitonovo, aunque el ex portavoz añadió que el IMD y el distrito Casco Antiguo realizaban “multitud de contratos a otras empresas” y para las adjudicaciones se “seguían los procedimientos legales establecidos”, llegando a invitar al menos a tres empresas para los contratos menores.

Por su parte, Antonio Rodrigo Torrijos, aunque se acogió a su derecho constitucional a no declarar, sí que negó “rotundamente su participación en los hechos”, al afirmar que “nada tiene que ver con los mismos”, ni él tenía relación con el IMD.

De otro lado, la juez Alaya también han imputado en la operación Enredadera al funcionario de Urbanismo José Enrique Castro Fernández, de quien sostiene que cobró 3.000 euros por “favorecer” a Fitonovo en la adjudicación y/o ejecución de contratos.

Este funcionario también compareció ante la juez esta semana imputado por un delito de cohecho y la Fiscalía le solicitó una fianza civil de 9.000 euros.

La juez considera que José Enrique Castro, jefe de negociado en la Gerencia de Urbanismo, recibió el 31 de diciembre de 2004 la cantidad de 3.000 euros de Fitonovo a cambio de favorecer a esta empresa en la adjudicación y/o ejecución de contratos, algo que la magistrada deduce de los archivos de la caja B de Contabilidad de la empresa.

En su declaración, el funcionario reconoció que en la sección Parques y Jardines le presentaron antes de 2004 a Rafael González, dueño de Fitonovo, como representante de una de las empresas que trabajaba en Parques y Jardines, y en aquella época se dedicaba a “acompañar” al delegado de Parques y Jardines y Vía Pública, que por entonces era el concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo, también imputado.