La juez Mercedes Alaya ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a utilizar de forma provisional el vehículo Jaguar XF del jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Carlos Podio Lora, uno de los imputados en la operación Enredadera, así como otros cuatro coches -dos de la marca Lexus y dos Toyota- de Fitonovo. En un auto del pasado 18 de noviembre, Alaya explica que la dirección de Fitonovo integrada por Rafael González, su hijo José Antonio González, Ángel Manuel Macedo Gajete, y Juan Andrés Brugueras, constituían la "cúpula de una organización criminal" formada en torno a la actividad empresarial de dicha sociedad, para lo cual "acudían habitualmente a prácticas de corrupción, tanto de funcionarios públicos a través del empleo de dádivas, que pudieran favorecer la adjudicación y/o la ejecución de tales contratos, bien permitiendo en este último caso que realizaran menos trabajos de los facturados o que los ejecutaran de forma distinta de la contratada, y ello mediante entregas periódicas de dinero o regalos".

Alaya dice que esta organización criminal vendría desarrollando su actividad a través de "semejantes prácticas corruptas" al menos desde 1995 y por un amplio ámbito geográfico que abarca 12 provincias españolas y en las que aparecen diversas "empresas factureras" -la juez cita a 14 sociedades- que emitían facturas falsas por los importes necesarios para pagar las comisiones.

En ese auto, Alaya acuerda autorizar el uso de los cinco vehículos incautados de acuerdo con el artículo 367 septies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siempre que se haga "con las debidas garantías para su conservación".

Alaya atribuye al jefe del Servicio de Carreteras de la Diputación, Carlos Podio, haber percibido sobornos por importe de 111.822 euros, algo que este imputado negó en su declaración judicial aunque sí reconoció que logró "mucho dinero en negro" como consecuencia de su actividad inmobiliaria. Carlos Podio afirmó que pudo llegar a tener en su domicilio hasta 1,5 millones de euros pero regularizó la situación acogiéndose a la amnistía fiscal del Gobierno central en noviembre de 2012.