Un momento propicio para que un negocio gane un buen pellizco o se relance puede ser realizar algún trabajo para la Administración, aunque tampoco es muy descabellado que esta misma faena encargada suponga el efecto contrario: la puntilla que lo condene al cierre si el alcalde del municipio implicado guarda en el cajón las facturas pendientes de abonar. La morosidad de los ayuntamientos se ha visto reducida de forma drástica en los últimos meses gracias a los tres planes extraordinarios de pago a proveedores impulsados desde 2012 por el Gobierno que dirige Mariano Rajoy, que el caso de la provincia de Sevilla ha supuesto un alivio para muchas empresas y autónomos. Las administraciones que se acogieron a este mecanismo deberían haberse puesto al día. Aunque no todos lo hacen en tiempo y forma, los ayuntamientos están pagando.

La ley establece que las entidades locales deben pagar el dinero que deben a los proveedores antes de los 30 días. Eso sobre el papel, en la práctica este tiempo comienza a contar un mes después de que el empresario presente la factura, ya que en ese plazo se hacen las verificaciones oportunas. Por lo tanto, las empresas y autónomos deberían cobrar sus trabajos en un máximo de 60 días desde que presentaron sus facturas. Esta fórmula busca evitar que la gran mayoría de los ayuntamientos incumplan la ley de morosidad.

En la provincia son 17 los municipios que abonan sus facturas antes de lo que obliga la propia ley. El primero en la lista es el Ayuntamiento de Salteras, que se pone al corriente de pago con los proveedores en una media de ocho días desde que éstos entregan la factura. Entre los consistorios más cumplidores también están Albaida del Aljarafe, Castilleja de la Cuesta, Constantina, Gines, Espartinas, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes (que paga en 20 días), la Mancomunidad del Aljarafe, Badolatosa, La Rinconada, Dos Hermanas (que lo hace a los 25 y aún adeuda 750.000 euros) Osuna, La Campana, Villamanrique de la Condesa, Paradas y Alcolea del Río (que abona en 29). Así se desprende de los datos que por primera vez ofrece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para dar a conocer el periodo medio de pago de cada organismo público bajo un único criterio, ya que hasta ahora cada entidad aplicaba el suyo.

En el periodo que obliga la ley (hasta 60 días desde la fecha de entrada de la factura en el registro) se encuentran en la actualidad 36 municipios y mancomunidades. Entre ellos destaca el Ayuntamiento de Sevilla, que se pone al corriente de pago con los proveedores en una media de 23 días (53 reales) y aún tiene pendiente abonar más de 36 millones. Cada uno lo ve a su manera. Zoido presume de abonar las facturas dentro del periodo que establece la ley tras hacerlo en 2012 en 80 días. Desde la oposición se garantiza que esos datos son incierto. Las facturas son abonadas a 50 días, mientras que el año pasado la media era de 80 según los socialistas. En la guerra de cifras también entran los sindicatos. Desde Comisiones Obreras avisan que el último informe del Interventor sitúa en 59 el plazo, superior a los 57 días registrado en 2011. Además, denuncian que en el mismo documento se expone que Emvisesa paga a 78 días, Lipasam en 53 y Tussam en 47.

El Ayuntamiento más moroso de la provincia es el de Real de la Jara, que abona sus facturas con una media de 171 días de retraso (no se computa el mes tras la presentación de la factura). De los tres dígitos también pasan Montellano (118) y Gilena y Castilleja de Guzmán (100). Para impedir que la morosidad crezca, los municipios que superen el plazo máximo previsto deberán incluir en su próximo plan de tesorería el importe de los recursos que van a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder reducir su ratio hasta los 30 días, así como las medidas que van a adoptar para generar esos fondos necesarios. En caso de que el incumplimiento se convierta en costumbre (dos meses consecutivos), el Estado será el que abone la factura al empresario para luego cobrársela a cada administración retrayéndole la misma cuantía de la transferencia que le corresponda de la participación de los tributos estatales (IVA, IRPF y otros impuestos).