La juez Mercedes Alaya ha solicitado a la Fiscalía de Sevilla que se pronuncie sobre si la Audiencia Nacional debe investigar la operación Madeja, que en su última fase se extendió a 12 provincias españolas, donde se han detectado el pago de mordidas a funcionarios públicos a cambio de favores en los contratos de distintas Administraciones Públicas. En la causa hay ya más de 60 imputados a los que la instructora ha impuesto fianzas de responsabilidad civil que superan los 42 millones de euros.

La instructora ha remitido un escrito al Ministerio Público en el que solicita un pronunciamiento sobre si el juzgado que dirige sigue siendo competente para instruir este sumario o, dada la multiplicidad de provincias en las que se han cometido presuntamente los delitos, debe ser la Audiencia Nacional la que se encargue de investigar los hechos.

El pasado 28 de noviembre, Alaya levantó el secreto de sumario de la operación Madeja 17 meses después de iniciar las investigaciones de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos municipales, algo que sucedió en julio de 2013. 

Recientemente, la juez  ha cifrado en 123.000 euros las mordidas que el PSOE habría recibido de la empresa Fitonovo en cuatro años, entre 2006 y 2009, a cambio de los favores en la adjudicación de contratos.  En un auto en el que acordó imponer distintas fianzas de responsabilidad civil a los imputados, Alaya sostuvo que el 9 de mayo de 2007 Fitonovo abonó al PSOE la cantidad de 30.000 euros, como "compensación por el incremento importante en la facturación" con el Ayuntamiento de Sevilla debido a la creciente adjudicación de contratos. 

Los pagos al Partido Socialista, prosiguió la instructora, se sucederían entre los años 2006 y 2009 en diferentes cantidades que oscilarían entre los 3.000, 30.000 y 60.000 euros, y que figurarían en la Caja B de Fitonovo con la denominación "Langostinos Maera". Esta clave, apuntó la magistrada, hace referencia a una reunión de "periodicidad mensual" que habría en el restaurante del Tardón y a la que acudirían el ex edil del PSOE Manuel Gómez Lobo y el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo. La juez concluye que se abonaron 123.000 euros al PSOE. 

Pero no sólo el PSOE habría recibido mordidas, ya que, tal y como aseguró recientemente la propia instructora en el marco de la operación Enredadera -tercera fase de la Madeja-, Izquierda Unida habría recibido otros 155.000 euros en dos pagos, uno de 70.000 euros realizado el 30 de marzo de 2010 y que fue entregado en una caja de zapatos, y otro de 85.000 euros que se pagó el 18 de febrero de 2011. 

Alaya explica en el auto que los ex portavoces municipales de esta formación, Antonio Rodrigo Torrijos y José Manuel García, fueron los dirigentes políticos que "habrían reclamado" a través de otro miembro de IU también imputado, Antonio Miguel Ruiz Carmona, la "dádiva" a la empresa Fitonovo, unas acusaciones que la magistrada sustenta en las conversaciones telefónicas interceptadas entre el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y Ángel Manuel Macedo Gajete, adjunto a la dirección de la sociedad y coordinador de los pagos realizados desde la Caja B de la empresa, explica la instructora. 

En el caso de IU esa comisión se habría exigido igualmente como compensación por la adjudicación a Fitonovo de la instalación de césped artificial para 11 campos de fútbol y otros contratos por un importe de 6,9 millones de euros y que fueron adjudicados el 13 de abril de 2009 por el Instituto Municipal de Deportes cuando José Manuel García era concejal de Juventud y Deportes y Antonio Rodrigo Torrijos primer teniente de alcalde. 

En este auto, Alaya decidió imponer sendas fianzas de responsabilidad civil por importe de 620.000 euros a los ex portavoces municipales de IU, mientras que en el caso del ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo la fianza civil impuesta asciende a 715.063 euros. 

En mayo pasado, Alaya había levantado parcialmente el secreto de la parte que afectaba al ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero. Según la Guardia Civil, Domingo Enrique Castaño y su esposa incrementaron su patrimonio personal en 811.396,68 euros en sólo siete años, entre 2005 y 2012, pero de esta cantidad únicamente aparecen justificados ingresos por importe de 531.209,83 euros, a los que habría que descontar otros 131.028,71 euros de gastos conocidos en el mismo periodo. 

La conclusión a la que llegan los investigadores es que los restantes 400.181,12 euros se corresponden con pagos en efectivo sin justificar que "pudieran proceder de comisiones ilegales". Ese incremento patrimonial, según la UCO, parece tener una "relación directa con los cargos y puestos desempeñados por Domingo Enrique Castaño tanto en el Ayuntamiento como en Mercasevilla".

Como continuación de las investigaciones, los agentes del Instituto Armado desarrollaron el pasado 11 de noviembre una tercera fase de la investigación con la denominada operación Enredadera, en la que se procedió a la detención de 32 personas y a la imputación de varias decenas más. Los arrestos y registros se practicaron en doce provincias españolas, por lo que una vez levantado el secreto de sumario, lo más probable es que la investigación sea remitida a la Audiencia Nacional, órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos que afectan a varios ámbitos territoriales distintos.

Según la instructora, esta red formaba una "organización criminal jerarquizada" que tenía como centro a Fitonovo, una habitual contratista de las Administraciones públicas que llevaba una contabilidad B en la que se recogía de forma detallada el pago de las comisiones a cambio de favores en las adjudicaciones.

Como culminación de la operación Enredadera, la juez envió a prisión a cuatro imputados, de los cuales ya sólo sigue en la cárcel el director comercial de Fitonovo y responsable de una de las líneas de negocio de la empresa, Juan Andrés Brugueras, quien según la instructora tenía a su cargo a la mayor parte de los comerciales de la empresa y supervisaba directamente buena parte de los contratos con las administraciones. La juez impuso a Brugueras para eludir la prisión una fianza de 180.000 euros, pero el director comercial, que está encarcelado desde el pasado 11 de noviembre, no ha podido aún reunir dicha cantidad.