La Cámara de Cuentas de Andalucía concluye en un reciente informe que el Metro de Sevilla ha costado nada menos que 730 millones de euros, según la inversión total certificada hasta diciembre de 2013, lo que supone una desviación del 70,4% respecto a los 428,5 millones del precio de adjudicación de la obra y de los vehículos de la línea. Tal conclusión dista un abismo de la información oficial de la Junta, quien sostiene desde 2009 que la línea ha costado 658 millones de euros y que la desviación no pasa del 43% (42,67% para ser exactos), según los datos de la consejería de Obras Públicas aportados en comparecencia parlamentaria. 

El informe de la Cámara de Cuentas analiza el modelo de concesión público-privada con el que la Junta adjudicó la obra, gestión y explotación de esta primera línea (también lo hace con el Metro de Málaga). En el caso de la construcción, el informe detalla que la desviación ha sido del 78% por 46 expedientes de modificación del contrato que ascienden a 202,4 millones de euros; por costes por valor de 41,1 millones de euros que la concesionaria del Metro facturó a la Junta "al margen del contrato" y por costes de 50,6 millones facturados por otras empresas no incluidas en la concesión. 

Y asegura que estas desviaciones de obra de la línea 1 de Sevilla "contradicen", por no decir incumplen, una de las cláusulas del pliego de condiciones administrativas y particulares bajo el que se adjudicó el contrato. Según la Cámara, se ha incumplido la cláusula 33 del pliego que establece que todo el contrato, desde la construcción, a la explotación, conservación y financiación, "se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario". La realidad es que "los costes facturados por la concesionaria y por terceros han sido abonados en su totalidad por la Junta de Andalucía en lugar de haberlo sido parcialmente si se hubieran tramitado como modificaciones de contrato". 

La Cámara censura que en 15 de los 46 expedientes de modificación del contrato se incumplió la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas porque no se pidió el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, cuando era obligatorio al superar esos modificados el 20% del contrato original. 

Sobre las facturas emitidas por la empresa adjudicataria al margen del contrato, el informe detalla que se han producido entre 2007 y 2010, que el 70% de esas facturas se han tramitado como "expedientes de liquidación de gastos" cuando debía haberse tramitado como modificaciones del contrato y que en muchos casos no se adjunta la factura originaria de la empresa que ha realizado el servicio. Al no tramitarlas como modificaciones de contrato, la Junta ha evitado el dictamen obligado del Consejo Consultivo. 

La Cámara advierte que "el 70% de estas facturas se han formalizado sin un procedimiento de adjudicación". Entre esas facturas figura la vigilancia extraordinaria de cajones de obra (1,1 millones), seguro a todo riesgo de construcción (8,7 millones), proyectos modificados (10,7 millones), por obras de la segunda fase (1,9 millones), por no cobrar al usuario la tarjeta de transporte y los incrementos del precio del acero (11 millones). 

La Cámara recuerda que sobre el tema del acero la concesionaria ha interpuesto un contencioso por el que reclama 10,2 millones a la administración. Hay un segundo contencioso donde reclama 145,7 millones por sobrecoste de mano de obra, maquinaria, hormigón y gastos generales a cuenta del retraso en la ejecución de las obras. 

Respecto a los 50,6 millones en costes facturados por terceras empresas no incluidas en el contrato de la concesión, figuran obras de urbanización como la de la estación Cocheras (barriada de la Música), los aparcamientos en superficie de Condequinto, las puertas de andén, el ascensor de San Juan Alto y el bulevar de Mairena del Aljarafe. Y una liquidación pendiente del tramo 2 de Dos Hermanas. 

Estos pagos asumidos por la administración han provocado que la Junta vaya a pagar 1.095 millones de euros más en la financiación del Metro de lo previsto en la adjudicación, tanto por la construcción como por la explotación, agrega el informe. Un 75% más: los 1.444 millones previstos se han elevado a 2.538 millones. Mientras la aportación del Estado de 218 millones no varía. 

La Cámara advierte de "una aplicación inadecuada" de la consejería de Fomento (antes Obras Públicas) al consignar como "transferencias de financiación de capital lo que en realidad eran créditos destinados a financiar actividades específicas de la Agencia de Obra Pública" de la Junta de Andalucía.