El ex concejal de IU Carlos Vázquez ha solicitado al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las irregularidades en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (Desevilla), que expulse del procedimiento a la acusación particular que ejerce dicha Fundación, al considerar que su presencia en esta instrucción judicial es "ilegal" por cuanto entiende que esta Fundación, que actualmente preside Juan Ignacio Zoido (PP), está disuelta desde el pasado 20 de octubre de 2011.

Esta petición coincide con la solicitud realizada por la acusación que ejercen los actuales gestores de la Fundación para que se impute en el procedimiento al ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que apreció un posible "delito" en la readmisión en esta entidad del que fuera asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño.

En el escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, el abogado Alberto Revuelta, que representa al ex delegado de Economía Carlos Vázquez recuerda precisamente que en la sesión del patronato de la fundación DeSevilla del 20 de octubre de 2011 -ya con el gobierno de Zoido-, se acordó la disolución de la fundación, elevando dicho acuerdo al Pleno del Ayuntamiento, que se celebró el 28 de octubre y en el que se acordó la disolución y posterior liquidación de la Fundación de Sevilla.

Desde esa fecha, precisa la defensa, DeSevilla se encuentra "disuelta y en liquidación". El abogado argumenta que sólo el Protectorado de Fundaciones de Andalucía está legitimado, en virtud del artículo 45.1 de la ley 10/2005, sobre fundaciones de la comunidad autónoma de Andalucía tanto para ejercitar la acción de responsabilidad de los patronos en los supuestos contemplados en la ley como para que si encontrase "indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación", dictar una resolución motivada dando trasladado de toda la información a la Fiscalía o al órgano jurisdiccional comunicando esta circunstancia a la fundación interesada, algo que "no ha ocurrido así" en este procedimiento, ya que ni ejerció el Patronato anterior "ni con el respecto al actual" las competencias que le atribuye dicha normativa.

Según la defensa del ex edil de IU, el Patronato no está ni ha estado legitimado para actuar en la forma en la que lo hecho", lo que obliga según esta defensa a expulsar por "ilegal" dicha acusación, por lo que entiende que la presencia de la acusación particular de la fudnación de Sevilla es "ilegal" y eso obliga a que por parte del juez se acuerde la "expulsión inmediata del procedimiento del actual patrono de la Fundación DeSevilla.

Según detalla el letrado, el Patronato no tiene más facultades que el "control de créditos, satisfacer las deudas y formalizar los actos pendientes de ejecución, sin que pueda contraer más obligaciones, salvo las que sean necesarias para la liquidación". Alberto Revuelta va más a allá al afirmar que el Patronato "violó frontalmente tanto el artículo citado como otros del artículo 40 del Reglamento de fundaciones, al haber contraído con fecha 9 de noviembre de 2012 una nueva obligación contraria a la ley, cual era encomendar la preparación e interposición de una denuncia contra los miembros del Patronato anterior, que conlleva necesariamente los gastos de abonos de minutas, obligación estrictamente prohibida por la legislación".

El abogado incluye en su razonamiento una sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2013 que declara que hay que evitar la "utilización política" de determinadas personaciones procesales y, en este sentido, señala que la acusación en DeSevilla está constituida por los patrones actuales de la Fundación, "todos ellos miembros del Partido Popular y cargos públicos electos del mismo en la Corporación municipal resultante de las elecciones de 2011, a cuya cabeza se sitúa lógicamente Juan Ignacio Zoidio