El último informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el Metro de Sevilla revela que la Junta de Andalucía va a pagar un 64% más por los costes de la explotación de la línea en los 35 años que dura la concesión hasta 2040. Según el citado informe, la subvención anual de la Junta de Andalucía a la empresa concesionaria se ha elevado tanto, respecto a lo previsto en el contrato, debido a los sobrecostes que ha tenido la línea 1 tanto en la obra como en la explotación (desde que entró en funcionamiento en 2009).

Los datos del organismo fiscalizador suponen que los 50 millones al año que prácticamente paga hoy por hoy la Junta a la empresa como subvención a la explotación se convertirán en 67 millones en 2025, en 82 millones en 2032 e incluso en 103 millones en 2040, el último año de la concesión.

La evolución del pago de la Administración autonómica puede verse en la tabla adjunta, donde figura la aportación prevista por el gobierno de la Junta en 2003 y la aportación actualizada por la Cámara de Cuentas. La cuestión no es baladí, ya que la Junta viene teniendo verdaderos apuros para pagar esta cantidad anual y, de hecho, lo hace sistemáticamente con retraso.

Este incremento se produce dado que inicialmente la Administración iba a pagar 2,65 euros por pasajero a la concesionaria como cantidad fijada en el contrato, según los cálculos realizados en 2003, mucho antes de que se acabara la obra del Metro. Esa cantidad, sin embargo, se elevó a 3,5 euros en 2009, cuando arranca la puesta en marcha de la línea, y aún se ha elevado más hasta los 3,88 euros en el ejercicio pasado de 2013 al aplicarle el Índice de Precios al Consumo (IPC).

La Cámara de Cuentas asegura que para su cálculo ha tenido en cuenta las variables que fija el artículo 36.4 del pliego de condiciones administrativas del contrato de concesión del Metro de Sevilla firmado entre la Junta de Andalucía y la empresa concesionaria.

¿Y por qué la Junta debe pagar una subvención anual a la empresa (Globalvía) que gestiona el Metro? Pues se debe al modelo de concesión público-privada que eligió la Junta para construir y explotar la línea y que también repitió en el de Málaga. Según este modelo, la obligación de la empresa concesionaria era asumir los costes de la construcción, financiación y explotación de la línea, que luego transferiría a la Administración pasados 35 años. Esos costes que asume la concesionaria se sufragan mediante el cobro por parte de la empresa de la llamada "tarifa técnica" que incluye todos esos costes más la rentabilidad esperada.

La tarifa técnica se recibe a través de dos clases de ingresos: los billetes pagados por los usuarios y un complemento de tarifa aportado por la Junta. Tal complemento es una subvención anual que paga la Junta a partir de la puesta en servicio de la línea y durante los 35 años que dura la concesión que compensa la diferencia entre la tarifa técnica y el precio medio del billete percibido. Ese pago por parte de la Administración andaluza permite que el usuario pague un billete a precio asequible, y no su coste real. Ademas, para reducir esa tarifa técnica la Junta de Andalucía debía subvencionar un 33% de la inversión en las obras (infraestructura e instalaciones fijas, excluidos los trenes y gastos capitalizados) a la empresa concesionaria.

La financiación de la obra también se disparó. Al inicio de la construcción la financiación de la Junta iba a ser de 126 millones, pero durante la obra tal cantidad se elevó a 376,4 millones, lo que ha significado un aumento del 198% de la financiación prevista.