Primero fue en la Alfalfa y ahora en el Arenal, en la milla de oro del gin-tonic. A tan sólo cinco meses de las elecciones municipales, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a impulsar la aplicación de la ley antibotellón e impedir el consumo de bebidas en la vía pública, que en los últimos meses ha provocado un repunte de las quejas vecinales.

La nueva intervención se ha producido precisamente en el barrio cuyos vecinos lograron hace más de una década una histórica sentencia que condenó al Ayuntamiento por su inacción en la lucha contra la movida juvenil en esta céntrica zona de la ciudad. La Policía Local regresó en la tarde del viernes al Arenal y procedió a la clausura, al menos, de seis bares de copas por permitir el consumo de bebidas en la vía pública, aunque este periódico pudo comprobar ayer que había al menos varios establecimientos más también cerrados en un horario de máxima afluencia de público. Los locales clausurados figuran todos en la misma calle Arfe o en su entorno, como son La Boheme, Magallanes, Casa Matías, Arfe 11, el Gallo Negro, y La Jolla, este último en la calle Dos de Mayo.

Varios agentes de la Policía Local se personaron en la tarde del viernes y procedieron al precinto de estos establecimientos al atribuir supuestamente a los propietarios que dejen a los clientes consumir bebidas en plena calle, algo que prohíbe expresamente la conocida como ley antibotellón.

Algunos de los dueños de los establecimientos clausurados criticaron ayer el "enorme perjuicio" que está provocando a los empresarios la actuación municipal, puesto que la misma se produce en las vísperas de la Navidad, la época en la que estos negocios registran su mejor momento, dado que en estas dos semanas que ahora quedan por delante logran alcanzar un tercio de la facturación total del año. Al mismo tiempo, criticaron que la "decisión política" del Ayuntamiento afecta a más de un centenar de trabajadores de estos locales nocturnos.

La principal queja de los empresarios del sector es la "aplicación desigual de la ley", porque entienden que si la misma debe cumplirse, ha de hacerse por igual en todas las zonas de la ciudad, no sólo en unas. Así, entienden que la decisión no parece "muy justa" y, sobre todo, también critican la fecha elegida por el Ayuntamiento para exigir el cumplimiento estricto de la normativa, por cuanto consideran que "no es la más idónea" al coincidir con la etapa de mayor facturación de este tipo de negocios.

De hecho, y aunque el Ayuntamiento ha procedido a la clausura de al menos esta media docena de establecimientos, resulta paradójico que ayer mismo pudiese observarse cómo junto a los locales precintados y con las rejas bajada, había muchas personas que seguían consumiendo alcohol en la vía pública. Una desigualdad que, subrayan, se produce en la misma zona en la que tan sólo un día antes el Consistorio se había mostrado más severo en la aplicación de la ley.