El alcalde de Sevilla busca inversores para convertir la antigua comisaría de la Gavidia en una gran superficie comercial, ahora que la Junta de Andalucía acaba de autorizarle que el inmueble acoja tal uso. Esta victoria de Juan Ignacio Zoido llega tras más de tres años de trámites y negociación con la Administración andaluza. En el cambio de postura de la Junta ha sido clave el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano asesor de las administraciones. Pero la operación no va a ser fácil ni inmediata y es probable que sus resultados no se vean en el mandato actual, que expira en mayo.

Para empezar, el edificio no puede tocarse, sino únicamente rehabilitarse, al estar protegido como hito de la arquitectura del movimiento moderno en España y ser parte del patrimonio inmueble de Andalucía. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) explica en su base de datos que la construcción de este edificio es "ejemplo de la arquitectura contemporánea de máximo nivel" y lamenta el abandono "incomprensible" que ha sufrido pese a su trascendencia nacional e internacional. Es un patrimonio inmueble por la arquitectura del edificio en sí y porque "implica un reconocimiento de la proyección que la arquitectura del Movimiento Moderno tuvo en la modernización de la sociedad española en la segunda mitad del siglo pasado".

En la capital andaluza supuso "un hito en la introducción de la arquitectura del Movimiento Moderno en el centro histórico de Sevilla" y constituye "un testimonio excepcional de un periodo de la historia social y política de España, hecho que ha motivado el reconocimiento de su valor patrimonial a través de su inclusión en prestigiosos registros y estudios realizados hasta ahora en materia de Patrimonio Contemporáneo a nivel andaluz, español y mundial".

Realizado en acero, vidrio y revestimiento de piedra, fue diseñado en 1962 por el arquitecto catalán Ramón Montserrat, que renunció a dirigir la obra por las condiciones que le imponía la Dirección General de Seguridad, explica el IAPH. Por ese motivo, la obra las desarrolla entre 1963 y 1964 el prestigioso estudio sevillano Arquinde, liderado por los arquitectos Ángel Díaz Domínguez y Jaime López de Asiaín.

En la explicación de la importancia de este edificio de arquitectura racionalista, el IAPH recalca que, desde que se acabó de construir en 1964 y se cierra la comisaría policial en 2003, "la Jefatura Superior de Policía se ha consolidado como la muestra más destacada de la introducción de la arquitectura del Movimiento Moderno en el centro de Sevilla, venciendo definitivamente la resistencia que encontraron casos paradigmáticos como el edificio Cabo Persianas (Rafael Arévalo Carrasco, Gabriel Lupiáñez Gely, 1940) de la Plaza de la Magdalena tras el final de la Guerra Civil".

Y añade que el inmueble fue pionero en Andalucía en introducir la corriente moderna en una arquitectura oficial que se abonaba a renovar su imagen. A nivel nacional, está considerado "un ejemplo destacado de la apertura de la arquitectura española a corrientes llegadas desde Europa Occidental y los Estados Unidos, y en especial de la revisión de los presupuestos de la modernidad que se produjo a partir de 1956".

Su influencia fue más allá de lo arquitectónico. Los expertos aseguran que su presencia en esta zona del centro "fue el detonante para una serie de operaciones urbanas que alteraron completamente los ejes comerciales y de actividad pública de la ciudad". A partir de su construcción en 1964 se inicia la demolición de los palacios de Sánchez-Dalp, de Medina Sidonia y de los marqueses de Palomares para hacer hueco al nuevo centro comercial de El Corte Inglés.

En segundo lugar, la parcela no puede acoger un aparcamiento subterráneo como complemento a la superficie comercial porque la Junta lo prohíbe en todo el centro histórico de la ciudad y así figura en el plan urbanístico (PGOU) vigente. Esta prohibición ha dado al traste con la intención de Zoido de construir en la Alameda el parking alternativo que necesita la futura superficie comercial de la Gavidia.

En tercer lugar, antes de construir una gran superficie comercial, el Ayuntamiento debe cambiar la calificación urbanística de la parcela donde se sitúa el edificio. Es, por tanto, obligatoria una recalificación porque en el PGOU está calificada para acoger un equipamiento público, concretamente un Servicio de Interés Público y Social -SIPS- con categoría sociocultural, no un centro comercial. El trámite para cambiar el PGOU requiere su tiempo. El punto que ha de cambiarse es el 2-17.

El cuarto punto que dilatará los trámites es la condición que ha puesto la Junta para autorizar este cambio de uso de la parcela: que el Ayuntamiento de Sevilla "subsane" las deficiencias que la Dirección General de Comercio de la Junta señaló en su informe de 10 de abril de 2013 y que afectan al plan de movilidad urbana aportado para esta futura gran superficie comercial. El Consistorio debe, asimismo, subsanar las deficiencias señaladas en el informe de la Dirección General de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas de 4 de abril de 2013.

La autorización de la Junta al cambio de uso fue celebrada este jueves por el alcalde, quien lamentó la larga espera y explicó que ha dado orden a la Gerencia de Urbanismo para que tramite con urgencia la liberación de esta parcela, un paso necesario para negociar con las entidades, personas jurídicas y compañías interesadas en su compra. Se abre, pues, un futuro para este valioso edificio que dos alcaldes han intentado recuperar. Ahora queda que haya un inversor dispuesto a comprarlo. En 2005, antes de la crisis, su valor se estimó en 12 millones.