La misma mano dura que el Ayuntamiento de Sevilla ha desplegado en las últimas semanas con los bares de copas no se aplica con la misma contundencia cuando se trata de sancionar a otra Administración pública. Desde hace varios meses el Servicio de Protección Ambiental tramita un expediente sancionador a la Consejería de Educación por el exceso de ruido del conservatorio de música Manuel Castillo de la calle Baños, en el que se mantiene vigente y sin ejecutar una orden de clausura del centro. El Consistorio requirió al conservatorio para que adoptara medidas correctoras tras detectar un exceso del nivel de decibelios permitido, debido a la falta de insonorización de las instalaciones.

Este periódico ya informó en mayo pasado de la apertura del expediente sancionador y del apercibimiento de cierre del Conservatorio, pero el expediente caducó al haber transcurrido el plazo máximo para resolver, que es de seis meses. Así lo detalla una nueva resolución dictada el 1 de diciembre por el servicio de Protección Ambiental de la Delegación de Urbanismo y Medio Ambiente que, en primer lugar, ha declarado la "caducidad" del procedimiento sancionador anterior -que se inició el 16 de abril pasado-, y acto seguido ha vuelto a iniciar otro procedimiento en los mismos términos.

La delegación que dirige el concejal Maximiliano Vílchez tipifica la infracción que se atribuye a la Consejería de Educación como "muy grave" y propone que se imponga una sanción de 1.500 euros, pero lo más relevante es que en ese escrito se acuerda "mantener" la orden de clausura de la actividad hasta que "se adopten las medidas correctoras necesarias". La resolución advierte expresamente sobre la orden de clausura de su "carácter inmediatamente ejecutivo, desde la notificación de esta resolución" y también de que, en caso de no cumplirse voluntariamente, se procederá a su "ejecución forzosa mediante precinto".

Medio Ambiente ha notificado esta misma resolución a la Policía Local para que, "ejerciendo sus funciones de policía administrativa, vigile su cumplimiento y, en caso contrario, procederá a su ejecución forzosa mediante el correspondiente precinto", concluye el documento que firma el jefe del servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento.

El matrimonio que presentó la denuncia vive con un menor de 10 años frente al Conservatorio y en su denuncia asegura que desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche se produce un exceso de contaminación acústica procedente del conservatorio, una situación que, asegura, llevan soportando desde hace 13 años. Los denunciantes están "desesperados" ante una situación que tildan de "penosa".

En el procedimiento sancionador los técnicos constataron que la fuente ruidosa -los instrumentos musicales- se sitúa a una distancia de 4,25 metros de la vivienda de los denunciantes. En las mediciones realizadas se cuantificó un nivel superior al permitido de diez decibelios, por lo que Medio Ambiente concluyó que los hechos constituían una infracción al Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía "por superación en más de seis decibelios de los valores límites de emisión aplicables establecidos" en dicha norma y también en la ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente en materia de ruidos y vibraciones.

El abogado Joaquín Moeckel, que representa al matrimonio que denunció el caso, aseguró este domingo que no está dispuesto a "soportar la demagogia que desde algunos partidos se ha hecho diciendo, poco más o menos, que si se exige el cumplimiento en materia de ruidos se está yendo contra la cultura". El letrado consideró que la cultura, "precisamente por ser cultura, debe de realizarse observando la más estricta legalidad" y añadió que, a su juicio, "es una vergüenza que haya dinero para ERE falsos y cursos de formación falsos y no para insonorizar un conservatorio de música". El matrimonio denunciante, precisó el abogado, no actúa "contra la cultura ni el conservatorio, está en contra de que no se cumpla la ley". Moeckel no se explica tampoco cómo el Ayuntamiento "exige a los bares el estricto cumplimiento de la legalidad y no se lo exige a un organismo que depende de una Consejería".