El fraude fiscal y laboral es una de las mayores marcas que la crisis ha dejado desde que comenzó en 2008. Contratos temporales encadenados que no llegan a convertirse en indefinidos, convenios que carecen del alta en la Seguridad Social o jornadas laborales que superan las ocho horas estipuladas por ley son algunas de las malas prácticas que han aumentado en los últimos cinco años. Este repunte va acompañado del incremento de la actividad inspectora que lleva a cabo el Gobierno central.

Según el último informe anual de la Inspección de Trabajo, referente al año 2013, este organismo ha destapado en Sevilla 3.325 puestos de trabajo irregulares que permanecen ocultos a las Administraciones públicas. Esto significa que los inspectores sevillanos han detectado más de nueve empleos ilícitos cada día a lo largo del año.

El número de casos fraudulentos detectados por los inspectores sevillanos suponen un leve incremento del 6,47% en el último año, que pasa de los 2.265 en 2012 a los 3.325 de 2013. La cifra de contratos sumergidos ha sufrido oscilaciones desde 2008, cuando se contabilizaron 2.078 altas promovidas por la Inspección, si bien encuentran su máxima el año pasado. En 2009 fueron 2.366; en 2010, 3.191; en 2011, se apreció una disminución hasta los 2.358, que volvieron a bajar hasta los 2.265 contratos en 2012; y en 2013, se observa un crecimiento que alcanzó los 3.325 convenios aflorados. Esta última cifra marcó un récord histórico en cuanto a la cifra de malas prácticas en los últimos cinco años.

El año pasado se detectaron en Sevilla 927 infracciones por falta de altas en la Seguridad Social, que derivan en las 3.325 altas promovidas.

La actividad inspectora que han llevado a cabo los organismos fiscales y laborales de la Administración central también han soportado vaivenes en consonancia con el número de contratos irregulares encontrados, si bien han promovido el alta de 15.583 empleados que trabajaban en la economía sumergida, sin cotizar, sin protección y sin derechos oficiales desde que comenzó la crisis.

La lucha contra la economía irregular centra buena parte de los esfuerzos de la Inspección de Trabajo. Según la memoria del organismo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 2013 se realizaron 18.277 actuaciones contra la economía irregular, un 17,58% de las 103.088 inspecciones realizadas en Andalucía en el último ejercicio. Este punto negro del sistema laboral se incluye dentro de las 22.549 intervenciones en materia de Seguridad Social, que centra buena parte del trabajo de los inspectores. Le siguen los 16.549 controles relacionados con la prevención de riesgos laborales; en tercer lugar, las 4.754 actuaciones en materia de empleo y relaciones laborales; y las 495 realizadas en cuanto a empleo y extranjería.

En el ámbito de la Seguridad Social, las infracciones referidas a la afiliación, inscripción y alta son algunas de las preocupaciones principales para los inspectores, que han realizado 14.382 actuaciones en esta actividad a lo largo del año y detectaron 929 infracciones.

Según la memoria realizada por el Gobierno central, se han recaudado más de 51 millones de euros por cuotas impagadas a la Seguridad Social por parte de empresas de la provincia. Esta cifra es el 27,72% de la recaudación total que se produjo en Andalucía. La cantidad, derivada de las 1.789 infracciones detectadas en la provincia de Sevilla, es sensiblemente inferior a la registrada en los ejercicios de otros años. En 2012, por ejemplo, el importe de los expedientes liquidatorios fue de casi 54 millones de euros es decir el 30% del total recaudado en la comunidad.

En la línea de trabajo de afloramiento de empleos irregulares, la Inspección de Trabajo detectó el año pasado en Sevilla 1.479 contratos en fraude de ley, además de 69 infracciones por subcontratas en obras de la construcción. Estas infracciones han derivado en la conversión de 1.544 contratos temporales en indefinidos.

El uso fraudulento de las contrataciones dio todavía más trabajo a los inspectores. Como señala la memoria realizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, los controladores destinados a cubrir la provincia de Sevilla realizaron 989 actuaciones concretas para evitar este tipo de actividades, en las que se revisaron 9.162 contratos. De esta labor derivaron 989 infracciones y sanciones por un valor de 65.570 euros.

En materia de extranjería, la Inspección de Trabajo hizo, a lo largo de 2013, 245 actuaciones concretas que dieron lugar a la detección de 44 fraudes. Además, un total de 226 empresas fueron multadas por tener empleados a personas que estaban cobrando el paro.