El ministro de Justicia, Rafael Catalá, lamentó este lunes el retraso de la Justicia y se refirió al colapso de los juzgados de lo Social de Sevilla, que están actualmente señalando juicios para el año 2019. "A uno se le cae la cara de vergüenza cuando a un ciudadano se le cita para dentro de tres año", aseveró ayer Rafael Catalá en una conferencia titulada "Mejor Justicia, mejor sociedad", que ofreció este lunes en el club Antares, en un acto organizado por la Fundación Cámara de Sevilla.

El titular de Justicia también se refirió, en el coloquio posterior, al proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, en el que después de casi dos décadas el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía ni siquiera se han puesto de acuerdo sobre la ubicación del macrocomplejo. "No son tiempos de hacer ciudades de la Justicia, pero a lo mejor sí de integrar sedes judiciales, de aprovechar modelos financieros", afirmó Catalá.

El ministro, aunque no conoce cuál es la solución más adecuada para Sevilla, se mostró confiado en que "entre el Ayuntamiento y la Junta serán capaces de ponerse de acuerdo para encontrar soluciones pensando en el futuro, en una integración de unidades y de servicios". En esta línea, el responsable de Justicia añadió que los proyectos de macrocomplejos judiciales de hace unos años "a lo mejor han perdido el sentido en una época donde las administraciones públicas debemos ser austeras y mirar muy bien cada euro que tenemos".

Catalá apuntó que hay modelos financieros que permiten, "frente al modelo tradicional de pagarlo todo con el presupuesto del año, hacer un modelo a 25 años y financiar una infraestructura propia de los tiempos actuales, que no sea premio Pritzker de arquitectura porque no hace falta que lo sea, pero que pueda integrar sedes judiciales".

El ministro giró este lunes una visita a la sede de la Audiencia de Sevilla, donde, según dijo, pudo comprobar que se trata de un edificio "de los años 50, con las capacidades y limitaciones que tiene".

De otro lado, Rafael Catalá esbozó algunas de las líneas de trabajo de su departamento para los próximos meses y así explicó que, aunque sólo quedan unos meses por delante para acabar la legislatura, su departamento intentará "promover reformas que impacten en la mejora de la Justicia", con la idea de lograr una Justicia de "calidad, ágil y cercana al ciudadano".

El ministro apuntó alguno de los ejes que afrontará su departamento de forma inminente, como el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que espera presentar la próxima semana y que introducen medidas para equilibrar la carga de trabajo entre juzgados que están colapsados y los que tienen una carga de asuntos escasa, así como la posibilidad de dotar de jueces de refuerzo especializados a los magistrados que llevan asuntos complejos.

Catalá se refirió igualmente a la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal que acortará los plazos para la instrucción de las causas judiciales -a seis meses para los casos sencillos y 18 meses para las macrocausas-, para lo cual se modificará la regla de conexidad para que a "un delito, haya una sola causa y una sentencia".

Cuestionado sobre el hecho de que coincidan determinadas operaciones policiales y judiciales con los procesos electorales, Catalá aseveró que "la acción de la Justicia, de la Fiscalía y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no puede paralizarse porque haya un evento electoral". Catalá añadió que "los poderes funcionan con absoluta independencia, pero nadie puede pedirle a un juez que no instruya o investigue una causa porque han convocado elecciones pasado mañana, y si alguien cree que con la utilización torticera de la Justicia va a inhabilitar candidaturas también debería tener una respuesta adecuadamente contundente que demostrase que eso no es aceptable".

En el coloquio, el ministro también respondió a una pregunta sobre la figura de la prisión permanente revisable, en la que defendió que se trata de una institución que existe "en toda Europa desde hace décadas" para delitos graves y que dos de cada tres españoles consideran que es "razonable y adecuada", por lo que añadió que cuando se cumpla la reinserción "habrá puesta en libertad y si no la hay, no, porque volvería a ser una amenaza para la convivencia democrática".