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Sevilla

Zoido reclama por carta a Wert más consenso antes de aplicar el 3+2

  • El alcalde responde así a las exigencias del PSOE para que mostrara su apoyo a las universidades.

Segunda jornada de huelga y similar seguimiento. El 74% de los alumnos de secundaria, según datos de la Consejería de Educación Cultura y Deporte, secundaron este jueves la huelga convocada a nivel nacional por el Sindicato de Estudiantes en señal de protesta por el decreto de flexibilización de grados universitarios, conocido como 3+2. Rechazo que también se ha reflejado en las universidades sevillanas y que ha llevado al alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, a enviar una carta al ministro José Ignacio Wert, donde le reclama que, "en la medida de sus posibilidades", garantice "la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios de grado de la inmensa mayoría de estudiantes". 

Zoido responde así a las exigencias del Grupo municipal Socialista que le instaba a posicionarse ante el manifiesto rechazo de las universidades sevillanas al 3+2. En la misiva, el alcalde hace referencia a las "dudas e incertidumbres" que le han trasladado desde la comunidad universitaria sevillana y deja claro que esa "garantía" debe ir acompañado por "un proceso de diálogo y un alto grado de consenso entre las administraciones, que dé como fruto unas condiciones homogéneas en la relación de los estudios universitarios y la equiparación de precios públicos de grados y máster". 

Las "desigualdades" que esta reforma pueden crear, el "elevado coste" de los estudios universitarios y la "privatización" de la educación fueron algunas de las principales quejas que se escucharon este jueves durante la manifestación celebrada en Sevilla, una de las 40 convocadas por el Sindicatos de Estudiantes en todo el país. 

A diferencia de la de Madrid o Alicante, en la que se registraron enfrentamientos y barricadas, la concentración sevillana se desarrolló sin incidentes desde la Plaza de la Encarnación hasta el Parlamento de Andalucía. No obstante, la marcha arrancó unos 30 minutos más tarde de la hora acordada por la falta de consenso entre los propios estudiantes. Un grupo inició la marcha por el recorrido autorizado y otro en sentido opuesto, hacia el Rectorado. Una "confusión" para unos y un "intento de boicot" para otros, definiciones que marcaron las diferencias existentes entre el Sindicato de Estudiantes y el Movimiento de Acción Estudiantil. 

Aunque bajo las mismas consignas y protestas, la diferencia física entre ambos grupos fue patente durante todo el recorrido. "Ésta desunión nos perjudica. Tenemos un enemigo común: el Ministerio de Educación", apuntaba Isabel, una profesora de secundaria recién jubilada que lucía la popular camiseta verde en defensa de la educación pública. 

Más de 2.000 personas, según fuentes policiales, participaron este jueves en esta manifestación. "La reforma va a significar la privatización definitiva de la universidad pública" mediante la instauración de una "barrera económica insalvable para la mayoría de los estudiantes", señaló Laura Calderón, portavoz del Sindicato de Estudiantes. "Susana Díaz está haciendo campaña en contra de las reformas en Educación a la vez que aplica los recortes que se aprueban desde Madrid. Sus palabras no nos valen". 

Durante todo el recorrido, los estudiantes recibieron el apoyo de varios residentes de María Auxiliadora y Ronda de Capuchinos, así como de conductores que, pese al atasco, hacían sonar el claxon como muestra de apoyo. Llamativos fueron los aplausos de los trabajadores del centro de salud María Auxiliadoras que salieron a la puerta del edificio. Un apoyo que los manifestantes aprovecharon para reclamar "una sanidad pública y sin recortes". En la marcha también estuvieron presentes las Juventudes Comunistas y las Juventudes Socialistas Andaluzas, cuyas banderas fueron desapareciendo conforme la manifestación se acercaba al Parlamento. 

La reforma aprobada mediante decreto por el Ministerio de Educación supone la eliminación de un año de grado para aumentar en un año la duración de los posgrados, sistema ya instaurado en la mayoría de países europeos pero que sus críticos aseguran que supondrá un encarecimiento de la educación. "Para que mis estudios sean equivalentes a los de un licenciado, tengo que hacer un grado de tres años y un máster de dos, con precios entre los 3.000 y los 4.000 euros", apuntaba uno de los manifestantes que portaba una pancarta con la consigna La educación no es un negocio.

"El 3+2 es una estafa", atacaba Alberto Jiménez, un alumno de 2º de Bachillerato que acudió desde Alcalá de Guadaíra con varios compañeros de clase motivados por uno de los panfletos repartidos por el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), donde se asegura que "8.000 estudiantes" han sido "expulsados" de las universidades de Sevilla con motivo de las subidas de las tasas. Ataques a la educación que, según el MAE, responden a un proceso de privatización de los servicios públicos.

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