El Defensor del Pueblo Andaluz ha incoado una queja de oficio frente a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía por la situación que padecen los juzgados de lo Mercantil de Sevilla, que soportan importantes "dilaciones" y un volumen de asuntos muy superior a los establecidos. 

En la resolución, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, pone de manifiesto que "desde hace varios años venimos asistiendo con creciente preocupación a la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de justicia, presentando sus reclamaciones sobre variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía". 

A juicio del Defensor, estas quejas son "ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan" a la Administración de justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus informes anuales al Parlamento, junto a los propios diagnósticos de la Consejería de Justicia e Interior. Al hilo de ello, asevera que "la situación actual de crisis económica y la repercusión legal y judicial que esta recesión ha generado en los operadores del mundo económico, financiero y laboral ha motivado el incremento, harto previsible, de multitud de iniciativas que han terminado residenciándose en los juzgados de lo Mercantil en virtud de su competencia especializada relacionada con este peculiar ámbito de las relaciones jurídicas". 

El Defensor, que ha incoado la queja tras recibir un escrito donde un particular expresa su "grave preocupación" por la situación de los juzgados de lo Mercantil, puesto que ha sido citado para el acto de audiencia previa para junio de 2017, asevera que la situación general que expresa el funcionamiento de estos juzgados "parece inducir una problemática que va más allá de determinados ejemplos concretos y que podría constituir, a falta de profundizar en el análisis del caso, una situación consolidada de inadecuada prestación del servicio judicial en los órganos sevillanos de lo mercantil". Por ello, el Defensor solicita a la Consejería de Justicia e Interior un informe sobre la realidad del problema expuesto y sus posibles soluciones, "al objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos que a nosotros se han dirigido".