Sevilla podría perder alrededor de medio centenar de agentes antidisturbios si sale adelante la reforma en la que está trabajando el Ministerio del Interior. Se trata de una reestructuración de las Unidades de Intervención Policial (UIP) en toda España, por la que se reducirían el número de grupos de estos agentes especializados en el control de las masas y en garantizar la seguridad en grandes concentraciones de personas. Así, la Jefatura de Sevilla perdería dos de los cinco grupos que tienen su base operativa en el cuartel del Cortijo de Cuarto, en Bellavista. Cada grupo está compuesto por 50 policías, si bien con la nueva reforma pasarían a tener 65 agentes. De esta forma, Sevilla tendría tres grupos con 65 policías cada uno, es decir, 195 funcionarios, cuando actualmente tiene en total 250.

La intención de esta reforma de las UIP es aumentar la presencia de los antidisturbios en el País Vasco y Cataluña, restándolos de otras comunidades autónomas. El proyecto está aún en fase de estudio, si bien Interior está trabajando ya sobre un borrador de una orden ministerial. Actualmente existen en España unos 2.700 policías antidisturbios, divididos en 52 grupos, que a su vez están repartidos en once unidades distribuidas por todo el país. El borrador no plantea variar el número total de la plantilla, sino una reorganización que cambiaría la distribución territorial de los efectivos.

El plan propone reducir los 52 grupos actuales a 39, pero que cada uno de ellos esté formado por 65 agentes en vez de por 50. Este cambio pasa por aumentar de tres a cuatro los subgrupos de 15 policías que integran cada grupo, además del vehículo del responsbale en el que van otros cinco agentes. También supondría una modificación en cuanto a organización interna, ya que todas las unidades pasarían a depender directamente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Se eliminaría así la Unidad Central de Intervención (UCI), formada por cinco grupos y con sede en Madrid. Todas las unidades seguirían contando con libertad para moverse por toda la geografía española en función de las necesidad del servicio. Según la reforma planteada, las once unidades actuales -más la UCI que desaparece- pasarían a ser 13, distribuidas por diversas provincias.

El borrador apunta un refuerzo de la presencia de las UIP en Cataluña, donde se mantendría la unidad que tiene su base en Barcelona, pero que se reforzaría considerablemente. Pasaría de tener los dos grupos actuales a tres, teniendo en cuenta que los futuros grupos serán de 65 policías y no de 50. De esta manera, Cataluña pasaría de tener 100 antidisturbios a contar con 195.

También se refuerza la presencia en el País Vasco y Navarra, donde actualmente hay tres grupos de UIP, repartidos entre los dos de Pamplona y un tercero en Bilbao. El borrador mantiene el mismo reparto, pero con la nueva estructura de 65 agentes por grupo. Estas tres comunidades tienen transferidas las competencias de seguridad ciudadana, por lo que la Policía Nacional se limita en ellas a la vigilancia de las sedes de los organismos oficiales del Estado.

La plantilla de Vigo también contará con un mayor despliegue, pasando de un grupo a dos. Este refuerzo es el que perdería La Coruña, que se quedaría en dos grupos cuando actualmente tiene tres. Zaragoza y Oviedo también ganarían agentes, pasando de dos a tres grupos cada una de ellas. En Madrid habrá tres unidades con tres grupos cada una, es decir, unos 450 funcionarios. En caso de necesidad, esta dotación se reforzaría con la unidad que tiene su base en Valladolid.

Además de Sevilla, entre las provincias que perderían antidisturbios está Valencia, que pasaría de cinco a tres grupos, igual que la capital andaluza. En Tenerife dejaría de haber dos grupos para quedarse sólo en uno, mientras que se mantendrían los dos grupos con los que cuenta actualmente Las Palmas de Gran Canaria.

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, se refirió a este proyecto el pasado miércoles durante un acto celebrado en Valladolid, donde recordó que la reforma de los antidisturbios en la que trabaja el Ministerio del Interior "es sólo un estudio" y advirtió que en el departamento "no hay nada decidido" aún.