El ex portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla la fianza de responsabilidad civil de 620.000 euros que la juez Mercedes Alaya le impuso tras su implicación en la operación Madeja, en la que hay 95 personas imputadas y se investiga el pago de mordidas por importe de 4,3 millones de euros a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. La defensa del ex concejal, que ejerce la abogada Encarnación Molino, presentó el pasado 13 de marzo un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que ha elevado a definitivo el recurso de apelación presentado en diciembre pasado contra el auto en el que se le impuso dicha medida cautelar real.

Una vez examinadas las escuchas practicadas por la Guardia Civil en el curso de la investigación y analizada la contabilidad B de la empresa Fitonovo, la abogada argumenta que de esa documentación "no se deduce la existencia de ningún indicio incriminatorio" contra Torrijos.

El ex portavoz municipal se acogió en su momento a su derecho a no declarar ante la juez Alaya, aunque ha negado rotundamente su participación en los hechos que se investigan, en relación con los 155.000 euros que según la instructora y la Fiscalía de Sevilla la formación de izquierdas habría recibido a cambio de favorecer los contratos de Fitonovo.

La Fiscalía de Sevilla ha considerado adecuada la fianza civil de 620.000 euros que se impuso a Torrijos y ha pedido que se desestime su recurso, por cuanto entiende que los indicios apreciados por la juez Alaya son "suficientes en esta fase inicial de la instrucción de la causa" y con posterioridad ya se "podrán practicar diligencias probatorias que adveren o desvirtúen aquellos indicios".

La defensa de Torrijos entiende, por el contrario, que el ex concejal ha sido imputado únicamente por razón del cargo que ostentó en la federación de izquierdas. "Torrijos fue primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y dirigente de Izquierda Unida, pero estos dos datos objetivos no permiten considerar" indiciariamente acreditada su participación en los hechos -como llegó a afirmar Alaya en un auto- ni que el ex portavoz interviniera "decisivamente" en la petición de determinadas dádivas como compensación por la adjudicación de contratos a Fitonovo, como también sostiene la instructora.

La letrada Encarnación Molino entiende que las afirmaciones incluidas en la resolución de Alaya están "absolutamente injustificadas" por cuanto "no hay indicio alguno de la pretendida participación activa o intervención decisiva" de Torrijos más allá de una "mera suposición subjetiva carente de todo valor jurídico".

Para defender la inocencia de Antonio Rodrigo Torrijos, la letrada ofrece varios argumentos, entre los que destaca que los archivos de la contabilidad de la Caja B de Fitonovo "no contienen mención alguna" a Torrijos, como tampoco aparece ninguna alusión en el recibo de dicha contabilidad relacionado con un pago de 85.000 euros a IU.

La defensa explica además que las declaraciones prestadas en la causa por los representantes de Fitonovo Ángel Manuel Macedo -coordinador de la Caja B- y el propio dueño de la empresa, José Antonio González Baró, "no mencionan ni aluden" a Torrijos, del que no hay ningún recibo a su nombre y "nadie lo ha mencionado en su declaraciones ni como peticionario ni como receptor de dinero alguno". Para la letrada, los indicios que cita Alaya acreditan "precisamente todo lo contrario que se dice" en el auto en el que la instructora le impuso la fianza de 620.000 euros al ex responsable municipal de IU.