"En El Gordillo Sur no se puede legalizar el barrio y hay que buscar otra figura urbanística. El plan parcial es inviable económicamente porque requiere cambiar las acometidas de agua y luz desde Sevilla, urbanizar todo con arquetas y poner un transformador de luz por todo el barrio", lamenta Antonio Cabrera, presidente de la asociación de vecinos Los Girasoles, quien recalca que esta zona es la que tiene el problema más grave.

No tienen colegio (los niños van a los de Valdezorras), ni zonas deportivas ni zonas verdes. Sí hay un consultorio dos días a la semana y un comercio que cerrará. Las parcelas grandes (más de 5.000 metros cuadrados) las han dejado valladas sin construir para zonas verdes y comunes.

"La cédula de habitabilidad no se puede pedir al no estar legalizado: las parcelas están registradas pero no las casas", explica en una entrevista con este periódico. La solución, dice, es buscar una alternativa económica o de lo contrario "tendríamos que vender todas las parcelas e irnos de aquí". Según el líder vecinal, les cobran un millón de euros por los trámites para un barrio "de jubilados y gente joven muy humilde para los que es imposible hacer frente a estas obras".

Zoido y Espadas han prometido solucionarlo pero cree que es "una pelea ardua y lejana".Se queja de que en junio de 2013 Zoido aprobó una moratoria de las sanciones de 30 meses que caduca a finales de 2015 para una parte del Gordillo, aun cuando los vecinos piden que se extienda también al Sur.

Cabrera recuerda que estos asentamientos "en su momento vinieron bien al Ayuntamiento que cerraba los ojos a la autoconstrucción y veía solucionado el problema de la vivienda".Y se queja de que la aprobación del avance por Zoido "se ha hecho a nuestras espaldas porque le da mucha importancia a los barrios del centro y descuida los demás". Ante este hecho, los asentamientos han constituido una coordinadora que tiene previsto reunirse el 30 de abril.

En Vistahermosa, el líder vecinal José Romero Portillo, que tiene una sólida formación en cuestiones urbanísticas, reclama "parar todos los expedientes y sanciones hasta que el avance pueda aplicarse". Aquí el problema es menor porque la urbanización de calles sí cumplió las normas mínimas pese a que no pudo hacerla la empresa Iberagro. La petición de Romero es clara: "los vecinos afectados esperan sensibilidad de los regidores municipales y de la oposición para la tranquilidad de los vecinos y para aplicar la normativa". Tienen agua por fuente, pozos ciegos en lugar de alcantarillado y parte de electricidad legalizada y recepcionada.