El gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido ha aprobado en solitario, con la abstención de los grupos de la oposición (PSOE e IU), el primer trámite para regularizar los asentamientos y edificaciones en suelo no urbanizable donde, según los estudios previos, viven casi 600 vecinos repartidos por la periferia al Norte y al Sur de la ciudad. Son exactamente 578 habitantes censados en total que habitan en estos enclaves desde hace 45 años en algunos casos. Se trata de fincas agrarias en su origen que al parcelarse atrajeron el interés de vecinos para destinarla a uso residencial sobre todo, y también agrario, industrial o ganadero. Surgieron en los años 1969, 1977, 1984 y,en menor medida, en 1995.

El trámite en cuestión es la aprobación inicial en Pleno, el pasado 27 de febrero, del avance de planeamiento para la delimitación de estos asentamientos y edificaciones que están fuera del PGOU, conforme al decreto andaluz de enero de 2012. El avance está ahora en fase de información pública para recibir alegaciones de los vecinos afectados y las entidades que lo deseen antes de la aprobación definitiva. En paralelo, el Ayuntamiento ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta que emita su informe no vinculante.

El documento aprobado establece que tres de estas zonas (El Gordillo Sur sector 1, Vistahermosa y Las Ratas) deben delimitarse como asentamientos en el marco del Plan general urbanístico (PGOU) con sus 172 habitantes censados, al encontrarse sobre suelo no urbanizable de carácter natural o rural.

Las restantes sólo pueden clasificarse como "agrupación de edificaciones" en suelo no urbanizable y son Isla de Garza, Carretera de La Algaba, El Gordillo sector 2 y 3, Camino de la Reina y Camino de los Rojas, seis zonas que agrupan a 406 habitantes censados. Los detalles pueden verse en el cuadro adjunto.

Que estos asentamientos requieren una regularización es una opinión compartida por todos los grupos del Ayuntamiento sevillano al tratarse de un garbanzo negro para todos los alcaldes que han gobernado, desde Manuel del Valle hasta hoy. El desacuerdo está en cómo hacerlo y a quién regularizar. Por eso se abstuvieron los grupos de la oposición municipal en la votación.

El PSOE municipal critica que Zoido "ha actuado tarde, de forma insuficiente y sin diálogo ni transparencia" cuando desde 2012 el decreto autonómico lo permitía y porque "en este mandato se han realizado anuncios engañosos como la promesa de Zoido de que se paralizarían los expedientes sancionadores ya iniciados en algunas zonas, lo que se ha demostrado una falsedad". Los socialistas censuran que los procedimientos sancionadores, con multas desde 6.000 a 90.000 euros, siguen en marcha, "y de ahí la situación desesperada de muchas familias".

Sobre la falta de diálogo, el PSOE destaca que ha faltado "interlocución directa e imprescindible; los representantes de distintas zonas no han tenido constancia del avance del Plan Especial. Ni se les ha explicado ni se les ha aclarado sus consecuencias. De ahí la incertidumbre y la preocupación".

Sobre los costes que tendrán que afrontar en los próximos años para resolver la situación, el PSOE plantea dialogar con la coordinadora vecinal formada por todos los asentamientos para una solución integral. Abordar "con realismo y responsabilidad" las sanciones en marcha en el caso de familias con menos recursos o para las que represente un bien esencial. Y buscar el desarrollo urbanístico de estas zonas de acuerdo con la nueva normativa y con el avance del plan especial.

Para Izquierda Unida lo aprobado es "un mero trámite para cumplir el nuevo marco legal autonómico" y recalca que "regularización sí, pero esta situación no debe conllevar la consolidación o legitimación de estrategias especulativas". Apuesta por resolverlo "con un estudio pormenorizado y con mucho diálogo con los vecinos afectados" debido a la casuística tan extensa y variada que existe. "No es lo mismo una familia que tiene una vivienda de primera residencia en el extrarradio que alguien que ha construido naves industriales en zonas agrícolas para alquilarlas o venderlas, o quien se ha montado una segunda residencia o chalet de forma ilegal y en contra de las advertencias de las administraciones", aclara IU.