El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha precisado este jueves que el dragado de profundización del Guadalquivir no podrá realizarse hasta que no tenga "aval científico" y cumpla con la normativa medioambiental.

En declaraciones a los periodistas en Huelva, Fiscal se ha referido al dictamen adoptado este miércoles por el Comité de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en el que pide al Gobierno español que se comprometa de forma "permanente" a cancelar el proyecto de dragado del Guadalquivir y a no permitir ningún plan que suponga la profundización del río en el futuro.

Fiscal, quien no ha podido entrar a valorar en profundidad el dictamen ya que la administración autonómica aún "no tiene constancia oficial del mismo", ha recordado que se trata de un asunto que compete al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que, en estos momentos, está suspendido por el Tribunal Supremo. Ha indicado que desde la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias con respecto a este proyecto, mantiene que para que pueda ejecutarse tiene que contar con aval científico que "en estos momentos no tiene" y ajustarse a la normativa medioambiental, y tal y como está concebido en la actualidad "no se ajusta".

Fiscal ha precisado que el propio Consejo de Partición de Doñana está en contra de esta iniciativa, que impulsa el puerto de Sevilla y que ya ha sido incluida en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir. "Doñana no puede perder su consideración de Patrimonio de la Humanidad, en ello tenemos que trabajar todos, pero una competencia muy importante es de la Junta de Andalucía", ha dicho.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, recalcal que el dragado debe cumplir todas "las normativas de respeto medioambiental". En rueda de prensa en Algeciras, Sanz se ha referido al rechazo del dragado por parte del Tribunal Supremo y de la Unesco, para asegurar que "cualquier proyecto que quiera desarrollarse debe cumplir escrupulosamente con la normativa. Es importante la repercusión sobre la zona". Ha apuntado que "acaban de presentarse alegaciones al Plan Hidrológico por parte del puerto y de empresarios, por lo que sigue trabajándose sobre esta cuestión, pero no es una cuestión fácil".

El proyecto, según ha indicado el delegado, "requiere el estricto respeto de la normativa medioambiental y el respeto a la zona. Ese es el objetivo del Gobierno y en ese marco va a seguir trabajando para alcanzar todas las garantías". Por último, ha subrayado que "el proyecto saldrá adelante o no en la medida que se garantice dicho cumplimiento".