El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha remitido este jueves a la Fiscalía de Sevilla el atestado elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional en relación con la presunta trama en la realización de cursos de formación para parados de la denominada operación Edu, en la que se investiga a 29 empresas y a 53 imputados.

En esta causa, que es independiente de la que la juez Mercedes Alaya instruía sobre las ayudas concedidas por la dirección general de Formación de la Junta, se investigan cursos convocados con fondos de la Junta de Andalucía desde la Delegación provincial de Empleo, Empresa y Comercio de Sevilla, y en la que se habría producido un presunto fraude de subvenciones. Se trata de la última fase de la operación Edu, en la que fueron detenidas 46 personas en Sevilla, a las que se suman otras siete  personas más que habían sido imputadas anteriormente por hechos similares.

Tras iniciarse esta causa en el Juzgado hace aproximadamente un año, el juez de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, solicitó a la Policía una ampliación del atestado para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados.Ahora, según indica este material recién recibido en el Juzgado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso y a los que se atribuyen delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.

El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios a los que se han adjuntado en su envío a Fiscalía otra ingente documentación, con un volumen aproximado de 150 tomos (parte de ella en soportes informáticos).En esta causa, en la que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucía, ejerciendo la acusación particular, se va a tratar de determinar si existe alguna responsabilidad de índole penal (o bien administrativa o fiscal) y los presuntos responsables de estos delitos. Las irregularidades descritas indican múltiples y diversos usos fraudulentos de fondos de la Junta de Andalucía, partidas cuyo uso normativo era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo de trabajadores en paro.