Sevilla

Los impagos de la renta acaparan las denuncias sobre el alquiler de pisos

  • A los juzgados llegaron el año pasado 204 demandas por la falta de pago del arrendamiento, lo que supone ocho de cada diez procesos El número de litigios se reduce a la mitad en dos años

Comprar una vivienda es (o era) el sueño de muchos ciudadanos. La supremacía sin paliativos de la propiedad en la cultura inmobiliaria española dio un giro con la crisis a causa de la inestabilidad laboral y el retroceso de las rentas de los hogares. Las bondades del arrendamiento han ido creciendo, al tiempo que sus demandantes, en todos los rincones del país. Pese a todos estos ingredientes favorables, en Sevilla el alquiler no termina de despegar. ¿Cuál es la causa? No es una sola, pero la principal se encuentra en la alta morosidad que existe. Los conflictos originados por el impago del alquiler de viviendas son uno de los procesos que más se repiten en los juzgados de Sevilla.

Durante el último año, de las 247 demandas registradas en la provincia, 204 se debieron a la falta de pago de la renta o de cantidades que se asimilen, incluido fianzas. Estos datos del último informe elaborado por Instituto Nacional de Estadísticas (INE) sobre los arrendamientos urbanos revelan que el impago sigue siendo la principal causa de los problemas que surgen entre arrendador y arrendatario de los inmuebles. Ocho de cada diez casos. No es la única queja que llega a los juzgados. La realización de actividades molestas, insalubres o peligrosas es la segunda causa que más se repite en las sentencias judiciales. En 2014 fueron 36. El resto de casos del estudio corresponden a la realización de obras no consentidas o a daños. En ese mismo periodo, en Andalucía se han contabilizado 1.317 demandas. De ellas, el 88,3% corresponde a impagos por parte de los inquilinos, mientras que las 124 restantes proceden de denuncias por actividades molestas en las viviendas.

La mayoría de las veces el impago se traduce en una multa judicial. Así lo demuestran los datos del INE. De las 247 sentencias del año pasado en Sevilla, los jueces dieron la razón al denunciante en 191ocasiones y estimaron la demanda parcialmente en 27. Además, los tribunales desestimaron 27 litigios presentados.

Es cierto que la crisis económica ha causado que muchas personas no puedan pagar sus alquileres. Sin embargo, a diferencia de otros años, los litigios por problemas en el arrendamiento de vivienda han descendido. Por ejemplo, en 2012 se superaron los 500. Un guarismo que dobla al del año pasado. "Cada día hay menos gente que se mete en juicios para intentar recuperar una vivienda tras la marcha del inquilino", explica David Muñoz, abogado especialista en procedimientos civiles.

La principal razón de este descenso se suele encontrar en los elevados costes que implica contratar a un abogado y un procurador, además de las correspondientes tasas obligatorias. "En caso de una renta media de unos 400-500 euros al mes el proceso puede salir por unos 2.000, contando solamente con los honorarios del abogado y el procurador", señala este letrado que lleva más de diez años ejerciendo la profesión. "Y si encima el inquilino no abre la puerta o ha abandonado la casa con anterioridad se debe costear un cerrajero que cuesta entre 100 y 200 euros más", puntualiza Muñoz.

La morosidad no sólo existe en el alquiler. Por tercer año consecutivo, las deudas de los propietarios de las viviendas con su comunidad de vecinos vuelven a crecer, alcanzando en 2014 los 53,8 millones de euros, un 3,5% más que en año 2013. Sevilla es la tercera provincia andaluza con más deuda, por detrás de Málaga (75,60 millones) y Cádiz (55,90 millones), según los datos del cuarto Estudio Global sobre la Morosidad en Comunidades de Propietarios en España. Pero esta deuda no pertenece sólo a particulares, también a entidades financieras. Los bancos deben 14 millones de euros a las comunidades de vecinos de la provincia de Sevilla, cuatro más que en el ejercicio anterior. Este incremento de la morosidad está generando numerosos conflictos vecinales. Para evitarlo, se intenta que el resto de vecinos asuman el dinero que falta, pero, según los datos del Observatorio de Comunidades de Propietarios, el 55% de las fincas de Andalucía no pueden asumir esta derrama.

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