La comisión ejecutiva de la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla, ha acordado tomarse "un tiempo", con el tope de la fecha del 22 de septiembre, para decidir "si recurrir o no" ante el Tribunal Supremo la nueva sentencia derivada del supuesto incumplimiento del contrato por el que los derechos de superficie de diversas parcelas del mercado central fueron otorgados a la filial de Sando Sanma Desarrollos Urbanísticos.

La sentencia inicial del juzgado de Primera Instancia número tres  condenaba a Mercasevilla a indemnizar a Sando con 6.695.585,90 euros, pero señalaba además la obligación de la constructora a la hora de rendir al mercado central los cánones que debería haber abonado entre los meses de mayo de 2011 a marzo de 2014, siendo recurrida ante la Audiencia provincial, que finalmente ha fallado de nuevo en favor de Sando, elevando la indemnización a 8,9 millones la indemnización más los intereses de demora.

El reciente fallo de la Audiencia provincial ha sido tratado en la primera reunión de la nueva comisión ejecutiva de Mercasevilla, según ha informado Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de esta empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento. Y es que según Castreño, Mercasevilla no tiene recursos suficientes para afrontar en solitario el pago "en su totalidad" de la sentencia, con lo que la misma pone a la empresa en una situación "muy delicada". Ante la disyuntiva de "si recurso sí o recurso no", la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha decidido estudiar el asunto durante "un pequeño tiempo", para decidir no más allá del 22 de septiembre. La delegada, sin embargo, ha aclarado que, sin los condicionantes judiciales, Mercasevilla es una empresa "sana", que consigue con su actividad el equilibrio en las cuentas y funciona "bien". "La decisión que adoptemos es muy importante porque la cuantía es grande y la sociedad quedaría en una situación delicada. Es una responsabilidad muy grande para este equipo de gobierno. Hay que optar por la mejor decisión. Y se tomará cuando tengamos todos los informes", ha concluido.

Constituido el consejo de administración

Mercasevilla ha celebrado una sesión de su junta general para constituir su nuevo consejo de administración y su nueva comisión ejecutiva, celebrando a continuación reuniones de ambos órganos. El nuevo consejo de administración de Mercasevilla está formado por 15 miembros, siete a propuesta de la sociedad estatal Mercasa, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y ocho procedentes del Consistorio, que aporta cuatro técnicos y cuatro representantes políticos. De estos últimos, tres pertenecen al PSOE y uno al PP. El resto de los grupos políticos con concejales en el Ayuntamiento de Sevilla (Ciudadanos, Participa Sevilla e Izquierda Unida) asistirán a las reuniones con voz, pero sin voto, según un acuerdo previo

El Ayuntamiento, como socio mayoritario, atribuye este extremo al impacto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como reforma local, y a los propios estatutos de la empresa, que limitan la representación política en los órganos ejecutivos de las empresas públicas. El PP, en ese sentido, ha manifestado su desacuerdo a cuenta de la composición del nuevo consejo de administración, según informaban fuentes del PP, dado que en el mismo figuran tres ediles del PSOE, que cuenta con once, pero sólo uno del PP, que tiene 12 capitulares. Por este motivo, el Ayuntamiento ha iniciado los estudios técnicos para una modificación de los estatutos que resuelva esta situación.

La Presidencia de la sociedad recae en Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla y primera teniente de alcalde, toda vez que la empresa carece de director general después de que Manuel Blanco cesase en el cargo al expirar el 13 de junio el anterior mandato municipal y arrancar un nuevo periodo.

Se trata de una empresa prácticamente pública cargada de significado, a cuenta de las numerosas irregularidades descubiertas en sus expedientes de regulación de empleo (ERE) de 2003 y 2007, así como en su gestión en general, extremo que marcó determinantemente el convulso último mandato del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

En 2013, bajo el mandato del alcalde popular Juan Ignacio Zoido, el Ayuntamiento promovió un nuevo ERE saldado con el despido de 129 trabajadores con indemnizaciones de 20 días por año de servicio, el mínimo que estipula la legislación laboral. Rememorando este extremo, los trabajadores en activo y los despedidos habían convocado una asamblea general a las 11:30 en la sede social de Mercasevilla, según informaba Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa.