Las dificultades económicas que atenazan a la provincia de Sevilla desde hace más de siete años han enviado al paro a miles de personas y han elevado el número de trabajadores en la sombra: los que mantienen una relación laboral estable sin la protección de un contrato; los que figuran como cotizantes, aunque por menos horas de las que desempeñan; o los que compatibilizan el desempleo con pequeñas labores. Para combatirlos, la actividad inspectora no ha parado de crecer en el último lustro. Hasta 3.596 empleos sumergidos afloraron en Sevilla en 2014, lo que supone un 6,7% más si lo comparamos con 2013.

La cifra de contratos sumergidos ha sufrido oscilaciones desde 2008, cuando se contabilizaron 2.078 altas promovidas por la Inspección de Trabajo. En 2009 fueron 2.366; en 2010, 3.191; un año más tarde se apreció una disminución hasta los 2.358, que volvieron a bajar hasta los 2.265 contratos en 2012; doce meses después se observó un crecimiento que alcanzó los 3.325 convenios aflorados. La actividad inspectora que han llevado a cabo los organismos fiscales y laborales de la Administración central anuló 1.309 altas ficticias, un 30,2% más que en 2013. De esta forma, la provincia aglutina el 41,3% de todas las altas ficticias anuladas en Andalucía. En cuanto a expedientes liquidatorios, se tramitaron documentos por valor de 54,6 millones, un 5,9% más que en 2013.

Hasta 17.893 empleos afloraron en la región a raíz de la acción de la Inspección de Trabajo, que en todo 2014 tramitó expedientes liquidatorios dentro de la lucha contra el fraude que supusieron una recaudación de casi 200 millones. En cuanto al descubrimiento de empresas ficticias, el año pasado se anularon 3.162 altas falsas a la Seguridad Social, lo que supone un 42,8% menos que en el año 2013. Se debe a que hay cada vez menos afectados por empresa debido a la corrección paulatina del fraude.

Los sectores más oscuros siguen siendo la construcción, hoteles, restaurantes, comercios e Industria. Los trabajadores del campo de la provincia, más de 130.000 personas, pasan por una situación agónica al existir muchos casos de explotación de los derechos laborales (es difícil ganar más de 25 euros al día tras una jornada completa). Ocho de cada diez trabajan en la economía sumergida.

Los retratos del defraudador son variados. Uno de ellos es el trabajador que no declara el IVA, autónomos que no se dan de alta, desempleados que trabajan en negro para mantener subsidios o completar el sueldo, profesionales que falsean facturas. Suelen ser situaciones ligadas a la necesidad y la falta de alternativas y son el objetivo principal de la Inspección de Hacienda. Esta economía sumergida no supone un gran montante para el PIB, es más un problema de competencia en el sector y ejemplaridad para que los que pagan vean que se castiga a los que no. Si la inspección lo detecta, se considerará fraude y serán sancionados.

El pequeño empresario es un segundo retrato. Parte del salario que paga a sus trabajadores va en un sobre. No declara todo lo que debería por su producción y, en la mayoría de los casos, no cumple con las normas laborales ni con lo que marcan los convenios colectivos. Pero los que más defraudan con diferencia son las grandes empresas. La cifra triplica la de pymes y autónomos. Suelen cumplir con las normas laborales, pero recurren a una planificación fiscal agresiva utilizando recovecos de la ley para pagar menos impuestos. Aparentemente cumplen con la legislación, la clave está en dónde tributan, sobre todo cuando son internacionales. Si los inspectores detectan sus artimañas, se considera perjuicio de ley y no les sancionan, sólo se les obliga a pagar los impuestos que debían haber pagado a Hacienda.