La provincia de Sevilla no cumplirá con el objetivo marcado desde la Unión Europea para la mejora de la calidad de las aguas que establece 2015 como fecha tope para lograr la total depuración, lo que puede conllevar posibles sanciones. Una treintena de municipios aún carecen de las infraestructuras necesarias y casi el 20% de la población de la provincia no puede depurar sus aguas residuales.

La Directiva Marco de Aguas (91/271/CEE y 2000/60/CEE) establece, desde hace cinco años, un marco comunitario de actuación en el ámbito de políticas de aguas y marca 2015 como límite para conseguir "el buen estado ecológico" a nivel europeo. Exigencias que la Junta de Andalucía, que posee las competencias sobre las obras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma, no va a poder alcanzar. Al menos, en lo que se refiere a la provincia de Sevilla, debido a que algunas de las obras de las depuradoras o bien no están licitadas o bien la redacción del proyecto se encuentra sin terminar.

Para cumplir con el objetivo marcado por Europa de que todas las aguas residuales estén sometidas a tratamiento de depuración, la Junta firmó en 2010 un acuerdo con el que calculó en 1.765 millones de euros el presupuesto para acometer 300 obras en toda Andalucía, tanto de saneamiento como de depuración. Asumía así las competencias para llevar a cabo aquellas infraestructuras consideradas de interés para la región. La financiación de las estaciones de depuración de aguas residuales (EDAR) quedó determinada a través del llamado canon de mejora que, desde mayo de 2011, pagan las familias en el recibo del suministro, de acuerdo con la Ley de Aguas.

Actualmente, la Administración andaluza continúa ejecutando cuatro obras en materia de depuración, según los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que preside José Fiscal. Estas intervenciones afectan por un lado a la ampliación de la depuradora Aljarafe II-Guadalquivir en Palomares del Río, que dará servicio a 350.000 habitantes de 21 municipios del Aljarafe y que cuenta con un presupuesto total de 25,34 millones de euros. También siguen los trabajos de los colectores y depuradora en Aznalcóllar, integrada en Aljarafesa y valorada en 4,4 millones de euros. A estas hay que añadir el proyecto de concentración de vertidos y depuradora de La Campana, que con una inversión global de más de 2.860.000 euros, beneficiará a 5.566 habitantes; y los colectores y depuradora de Casariche con 1,5 millones.

A estas cuatro habrá que sumar en breve una quinta. A primeros de junio se formalizó el contrato con la empresa adjudicataria que se encargará de elaborar la depuradora de Constantina, con 6.264 habitantes, que cuenta con un presupuesto total de actuación de 4.587.451 euros. Un proyecto que se ejecutará en 24 meses y que el propio presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos calificó como una obra "de gran envergadura". Según los datos de la Junta, con la nueva depuradora se dará cobertura a una población de hasta 12.000 personas en temporada alta.

A pesar del impulso de estos trabajos, el número de municipios pendientes de depuración es considerablemente mayor. Así, para las localidades de Los Morales, Burguillos, Lora de Río y Peñaflor se están redactando los proyectos de obras -fase previa a la licitación- para lo que se ha destinado la cantidad de 664.833 euros. Mientras tanto hasta 15 municipios esperan con los proyectos ya redactados a que se tramite la licitación de las obras de sus depuradoras. Del Consorcio de la Sierra Sur son Villanueva de San Juan, Algámitas, La Roda de Andalucía y El Saucejo. También Pruna, en cuyo caso se tratan de obras de adecuación y mejora de la Edar. Dentro del Consorcio de Aguas del Huesna, esperan Tocina, Los Rosales, Alcolea del Río, Cantillana y Villanueva del Río y Minas. De Aljarafesa, Gerena. Y dentro del Consorcio de Aguas Plan Écija, Cañada Rosal y La Luisiana. Fuera de los grandes sistema aguardan Montellano y Villaverde del Río.

Además, la Consejería tiene pendientes de tramitar las licitaciones para la elaboración de los proyectos de obras de depuración en cuatro localidades: El Garrobo, que pertenece a Emasesa, El Castillo de las Guardas, Guillena y El Madroño, de Aguas del Huesna. A esto se unen los diagnósticos pertinentes en Castilblanco de los Arroyos y San Nicolás del Puerto de cara a programar actuaciones necesarias.

También se encuentran licitadas las obras de reunificación de vertidos y estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) en la zona de la Avenida de Andalucía de Lebrija, para la que está programada una asignación total de 900.000 euros. De momento, el presupuesto base de licitación es de 773.906,94 euros, siendo la duración de las obras de ocho meses.

Con estos datos por delante, la Junta estima que el porcentaje de población de la provincia de Sevilla que cuenta con infraestructuras de depuración asciende al 81,50%, es decir, casi el 20% continúa a la espera. Además, hay municipios como Marinaleda y Badolatosa que cuentan con depuradoras que se hicieron a principios de los 90 y ya no sirven.

En cuanto a la financiación, aquellas obras que están declaradas de interés de la comunidad autónoma sí están acogidas al canon de mejora cobrado a los ciudadanos. Se trata de un impuesto que recaudan los ayuntamientos y que es considerado como ingreso para la comunidad. Los datos hasta diciembre de 2014 muestran una recaudación que asciende, a nivel regional, a 221 millones de euros, según informa la Consejería. Por su parte, aquellas que no fueron asumidas en su momento por la Junta están siendo subvencionadas con fondos europeos, de ahí la importancia de que todos los municipios cuenten con infraestructuras para depurar sus aguas residuales antes de acabar el año, ya que el incumplimiento podría llevar aparejado no sólo sanciones, sino una merma en la subvenciones europeas. Con cargo al presupuesto de este año, la inversión en saneamiento y depuración en la provincia de Sevilla asciende a 18,27 millones de euros, correspondientes a una inversión total asociada de 97,81 millones.

El incumplimiento de la directiva marco podría implicar la llegada de sanciones. Multas que vendrían de la Unión Europea al Estado y que este trasladaría a las comunidades autónomas. Los propios municipios tendrían que asumirlas, lo que acabaría repercutiendo en los ciudadanos. A esto hay que sumar las sanciones que las empresas que gestionan las diferentes fases del ciclo integral de agua han tenido que soportar por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Así en 2013, la CHG sancionó con infracciones leves a 16 municipios por verter aguas residuales a los cauces.

La situación se presenta difícil si no se solicita una prórroga para lograr la meta fijada. "El periodo de realización de estas infraestructuras suele estar en unos cuatro o cinco años desde que el proyecto está redactado", explican desde la Consejería, lo que hace difícil que aquellas localidades que aún no depuran sus aguas puedan hacerlo en lo que queda de año. Como tal, "el plazo de ejecución de unas obras de este calibre suelen abarcar 18 meses de media para una EDAR y 24 meses en el caso de los colectores, a lo que hay que sumar los trámites previos de expropiaciones, trámites medio ambiental y permisos", señalan.

Recientemente el Partido Popular de Sevilla, con su coordinadora general al frente, Virginia Pérez, denunció los posibles perjuicios económicos y graves consecuencias económicas que supondría para los consistorios el no cumplimiento de estos acuerdos y arremetió contra la Junta al asegurar que el porcentaje de obras que falta es el mismo que el de hace un año, cifrando en 31 los municipios que no cuentan con depuradoras. Pérez aprovechó, entonces, para pedir a la Diputación de Sevilla que exija a la Administración andaluza que se haga cargo de las posibles sanciones a los pueblos. El ente provincial desempeña un papel clave en la colaboración que existe con la Junta, al ser quienes ponen a disposición terrenos, permisos y se hacen cargo después de la explotación, mantenimiento de la Edar y asegurar su funcionamiento.

Ante el comentario de los populares, la propia Consejería no realizó declaraciones, siendo Trinidad Argota, diputada provincial de Servicios Públicos Supramunicipales y portavoz del Gobierno de la Diputación, la que salió al paso, recordando que la provincia no cuenta con procedimientos abiertos para que pueda haber sanciones y que el PP está creando alarma donde no la hay.

La principal preocupación tanto de la Junta como de la Diputación es la de avanzar en la programación de los proyectos que afectan a pequeñas localidades y núcleos de población de las comarcas de la Campiña, Sierra Norte y Sierra Sur. "Nos preocupan los pueblos que están fuera de los grandes sistemas y que operan una gestión del agua deficiente, y por otra parte, la depuración eficiente en las zonas mas rurales de la provincia a fin de contraminar lo menos posibles", indicó Villalobos en la reunión mantenida a finales de julio con el consejero.

Carmona ha sido el último municipio en el que se ha puesto en marcha una estación para eliminar los residuos de sus aguas tras varios años de espera y la paralización de las obras en 2008. El tiempo se agota para el resto. Destacan localidades con un número de habitantes reseñable como son Lora del Río, con 19.393, Cantillana con 10.842 o Tocina con 9.685 habitantes. Alcanzar los objetivos marcados se prevé complicado y sin ello, ríos y canales seguirán sufriendo la contaminación de las aguas residuales.