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La Audiencia Nacional investigará las mordidas del caso Madeja

  • La Audiencia Provincial confirma la decisión de Alaya, que ve en la red una organización criminal

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la decisión de la juez Mercedes Alaya de enviar a la Audiencia Nacional el sumario de la operación Madeja, en la que se investiga una organización criminal que habría actuado en 12 provincias españolas pagando hasta 4,3 millones de euros en comisiones, sobornos o dádivas a funcionarios y cargos públicos a cambio de favores en la adjudicación de contratos con distintas administraciones públicas.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado los recursos presentados por varios de los 88 imputados en esta macrocausa, al estimar que aunque la cuantía del fraude no sea por ahora "especialmente significativo", la complejidad de las investigaciones y el elevado número de implicados hace necesario que la instrucción sea encomendada a un juzgado Central de Instrucción.

En uno de los autos, la Audiencia ha desestimado el recurso de uno de los funcionarios imputados en la operación Madeja que había alegado que no concurrían los requisitos exigidos en la ley orgánica del Poder Judicial que pudieran sustentar una grave repercusión de las conductas investigadas en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

La Audiencia recuerda que la juez Alaya fundamentó la inhibición en la naturaleza de los hechos investigados, teniendo en cuenta el "importante número" de administraciones públicas afectadas, no sólo en las diversas provincias de la comunidad autónoma andaluza -como Sevilla, Jaén, Huelva, Córdoba o Cádiz-, sino en otras regiones como Extremadura, Valencia, Canarias, Aragón o Cataluña, y recordaba que había 88 imputados, de los cuales 40 eran funcionarios públicos.

El tribunal argumenta que frente a la interpretación de las defensas resulta "innegable" que de acreditarse las conductas investigadas habrían podido tener una "grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en cuanto cuestionan de una forma generalizada la recta aplicación de las normas de contratación de las administraciones públicas que desempeñan sus funciones en demarcaciones territoriales que exceden de más de una Audiencia, con su correlativa incidencia en un amplio número de agentes económicos que han podido ver defraudadas sus legítimas expectativas empresariales, también en distintas comunicadas, por estas presuntas reprobables prácticas orquestadas de una forma organizada para conseguir la obtención fraudulenta, y ejecución ventajosa, de contratos públicos".

De esta forma, los magistrados entienden que no puede considerarse "injustificada" la valoración efectuada por la instructora, "al ajustarse la investigación requerida a las características y finalidad para las que fueron creados los juzgados centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional".

El tribunal precisa que, aunque las posibles cantidades defraudadas en esta "fase incipiente de la investigación" no sean por ahora "especialmente significativas", otras circunstancias como la "complejidad de la instrucción", tanto por el número de inculpados como de administraciones públicas y terceros "dispersos por todo el territorio nacional que han podido resultar afectados", es lo que hace que se "requiera de una especializada y preferente atención que, sin demérito del trabajo efectuado por la instructora, puede ser más eficiente si se continúa por órganos jurisdiccionales creados precisamente para dar respuesta a conductas como las investigadas".

La Audiencia entiende igualmente que de esta forma se evitaría que la instrucción pueda "dilatarse más allá del tiempo estrictamente imprescindible, lo que redundará en beneficio de la Justicia en general, pero también del recurrente y los demás imputados, al poderse despejar lo antes posible la incertidumbre que genera verse sometido a un procedimiento judicial", concluye el auto.

La juez Mercedes Alaya acordó la inhibición a favor de la Audiencia Nacional en un auto dictado el 9 de junio, tan sólo varias semanas antes de que fuese destinada como magistrada a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde permanece a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resuelva sobre la distribución del trabajo en el que fuera su juzgado y sobre la comisión de servicio que le ha sido concedida para "colaborar" con la nueva titular.

La instructora señaló en su auto de inhibición que las investigaciones practicadas en la operación Madeja destaparon un "entramado" que giraba en torno a la empresa matriz Fitonovo y a sus directivos Rafael González Palomo, posteriormente a su hijo José Antonio González Baró, quien comenzó a compartir la dirección en 2007 para asumirla por completo en 2001. También formaron parte de la directiva el cuñado de Rafael González, Juan Andrés Brugueras Foye, se encargó de una gran parcela de la contratación de la empresa, con numerosos comerciales a su cargo, y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo Gajete.

Una Caja B parapagar comisiones ilegales

Para el pago de las "ilícitas comisiones" que se remontan al año 1995 y llegan hasta 2013, se fraguó en la empresa la creación de la denominada Caja B, de la que "salían las diferentes dádivas que ascendieron aproximadamente a los 4.300.000 euros, y que se nutría mediante el pago de facturas falsas giradas por un número importante de empresas que a su vez recibían bonificaciones por estos servicios". De la organización de la Caja B, que especifica todos los pagos realizados "con el máximo detalle", se encargaba el "hombre de confianza", Ángel Manuel Macedo Gajete, que también pedía las "facturas falsas", según apuntó en su resolución la juez Alaya.

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